El desmadre paramilitar

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El fenómeno paramilitar en Colombia no se podrá entender a cabalidad sin examinar cuidadosamente el narcotráfico, pues fue en las entrañas de ese negocio ilícito donde se gestó, nació y dio los primeros pasos en su trayectoria criminal. Y algo más: sus finanzas giran en torno al narcotráfico. Acaparar tierras usurpadas a los campesinos, proteger cultivos y comercializar droga son sus principales actividades lucrativas. No se puede olvidar que fue el cartel de Medellín quien creó el aparato armado Muerte a Secuestradores (MAS) en 1982, con el fin de perseguir guerrilleros y a familiares de éstos. Pero tampoco se podrá entender bien el fenómeno paramilitar si no se analiza la dialéctica que existe entre interés particular e interés público, porque es en la defensa encarnizada del primero como el paramilitarismo se afianza como cuerpo armado.

Siendo tal el origen del fenómeno paramilitar, durante los años ochenta del siglo XX operó de manera clandestina ejecutando las operaciones sucias de la guerra -como si alguna fuese limpia-. En los años noventa, sus acciones fueron abiertas y se convirtió en un verdadero ejército paraestatal, no propiamente realizando operaciones contra frentes guerrilleros en combate sino, lista en mano, cometiendo masacres en amplios sectores de la población civil. Pero con la clara advertencia de que su propósito no era enfrentar el Estado, sino complementarlo y ayudarlo. En carta dirigida al Defensor del Pueblo, en enero de 1997, eso fue lo que le dijeron a las autoridades estatales: "El Estado Mayor de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), en representación de sus veinte frentes que operan en Colombia, le reitera que no pretenden enfrentar al Estado ni a sus instituciones, sino complementar su acción en aquellos sitios y circunstancias en las cuales su presencia es insuficiente o inexistente".

Esa declaración de los paramilitares y la acción que durante los últimos diez años han realizado no dejan duda de que se trata de un ejército paraestatal que ha cometido millares de crímenes, los cuales en ningún caso han sido para tomarse el poder y sustituir al Estado. Si no fuese por las atrocidades cometidas, se podría admitir el símil de una descentralización por colaboración para realizar el oficio de la guerra. Una negociación es una serie de intercambios que se hace entre dos partes con intereses diferentes para llegar a un acuerdo. Ejemplos hay muchos: entre comprador y vendedor, entre sindicato y patronal, entre dos Estados por la vía diplomática o entre un Estado y un movimiento insurgente que  pretende sustituirlo. Pero no se puede denominar negociación a los acuerdos públicos o secretos que se hagan entre el Estado y un ejército paraestatal, porque, en la lucha contrainsurgente que han asumido, los dos tienen los mismos intereses.

Sin embargo, durante el último año medio se viene hablando de negociación entre el Gobierno y los paramilitares. Pero lo que se ha visto durante los meses  de acercamiento público entre Gobierno y paramilitares, es un completo desmadre de pequeñas y grandes bandas que no sólo delinquen y atacan a la población civil en todo el territorio colombiano sino que pretenden el aniquilarse entre ellas mismas, por intereses personales. En defensa de esos intereses han infiltrado la Fiscalía General y muchas alcaldías y gobernaciones. El trato generoso del Gobierno, ha encabritado a estas bandas y las ha llevado a incrementar asesinatos y masacres que el propio Vicepresidente ha denunciado y el tierno Comisionado de Paz ha reconocido. Paulatinamente durante este año y medio, distintos voceros de las AUC, habían anunciado su decisión de no pagar ninguna pena. Ahora lo hace la cúpula de una fracción -porque hay muchas- en su página internet: ni un día de cárcel, prohibición de extradición y diez condiciones más.