Procuraduría y Fuerzas Militares

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En la discusión que se ha generado en torno a la decisión de la Procuraduría,  de investigar a los oficiales que intervinieron en el fallido rescate de la ex ministra Consuelo Araujo, hay mucha tela de donde cortar. Mirar el conjunto y luego el hecho concreto sería lo aconsejable. Los sistemas de control que estuvieron presentes en las primeras reflexiones sobre la formación del Estado, con el propósito de ponerle frenos y contrapesos, a los magistrados o altos funcionarios, hoy han fracasado.

Las inquietudes filosóficas del gobierno mixto, enriquecidas por más de veinticinco siglos con los aportes de todos los pensadores políticos, fueron recogidas por las dos grandes constituciones  occidentales: la de Estados Unidos de Norteamérica, de 1776, y la de  Francia, de 1791. De estas constituciones de pesos y contrapesos para establecer el equilibrio e impedir, a manera de frenos los abusos del poder, se derivaron todos los estatutos fundamentales de Europa y  América Latina. El sistema tuvo cierto éxito al principio, pero con el correr de los años y de los siglos, el modelo se fue degenerando, a pesar de haber sido creados otros organismos como contralorías y procuradurías, hasta el grado de haberse borrado las fronteras de control entre las ramas y los órganos del poder público.

El sistema ha llegado a su agotamiento, porque, tal como fue diseñado y puesto en funcionamiento a partir del último tercio del siglo XVIII, no se le ha introducido ninguna reforma sustancial, sino que,  por el contrario, se  ha visto minado con toda suerte actuaciones que obedecen a la encarnizada lucha de intereses particulares que representan y ejercen las ramas del poder público. En efecto, quienes ocupan las más altas magistraturas en los órganos y en las ramas del poder público no ejercen el cargo para poner los frenos y contrapesos a los demás magistrados para que éstos no se excedan en sus funciones  y actúen sólo bajo el principio de interés general, sino para negociar más jirones y,  a veces, simples migajas de poder, porque la lucha por el poder se dirime en lo esencial entre las élites. Es decir, cada alto dignatario del Estado se ha convertido en un simple par de los demás y aprovecha las funciones de su cargo para ejercer presiones legales o ilícitas, conocidas por la opinión pública o encubiertas, para satisfacer sus propios intereses

Exactamente eso es lo que sucede hoy en Colombia, y ¡de qué manera! El Ejecutivo desea  gobernar sin control judicial, sin control disciplinario, sin control de los medios de comunicación, sin Defensoría del Pueblo y sin control político. Obsérvese que la comisión Primera del Senado deliberó en la Casa de Nariño, sobre el proyecto de ley denominado de alternatividad penal. En el caso concreto del control que debe ejercer la Procuraduría, varió sustancialmente con la Constitución de 1991, que pretende desmantelar el Gobierno. Y para no entrar en detalles, cito dos puntos: el poder preferente, y la facultad sancionatoria. Mediante el primero, significa que cada organismo, en este caso el Ejército, tiene su propio órgano de control disciplinario interno para investigar a sus miembros. Sólo si éste no lo hace o lo hace en forma irregular, de manera preferente lo debe hacer la Procuraduría. Mediante la segunda, impone directamente la sanción y ordena que se cumpla.

Por otra parte, no es que los "burócratas", desde un escritorio en Bogotá, analicen unos operativos militares, por simple pálpito. El Ejército tiene unos reglamentos que debe cumplir, en todas sus actividades, incluyendo los operativos de guerra. Cuando la Procuraduría ha probado que los miembros del Ejército violaron esos reglamentos, es cuando dicta un auto de cargos. Pero los implicados, además de disponer de un término para desvirtuar los cargos, tienen unos recursos.