La reforma judicial

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Si hoy existe en Colombia un tema que necesite estudio y reflexión, es precisamente el de la justicia en todos sus campos: cobertura, eficiencia, celeridad, grado de impunidad, recursos humanos y financieros. Durante los últimos treinta años algunos legisladores, gobernantes e investigadores se han ocupado del asunto. Para sólo citar un ejemplo, el 30 de diciembre de 1975, en las plácidas aguas de las Islas del Rosario, el entonces presidente López le propuso al país modificar el artículo 218 de la Constitución, para permitir la convocatoria de una ‘pequeña constituyente' que se ocupara de hacer, esencialmente dos reformas: la administración de justicia y el régimen territorial.

Entre esa fecha y la de hoy, la Nación expidió la Constitución de 1991, y su amplio articulado incluyó nuevos órganos en la Rama Judicial. Después de doce años el personal y los costos presupuestales se triplicaron, pero los problemas continúan: impunidad como nunca antes, carencia de formación de jueces y magistrados, congestión de despachos judiciales, en algunos lugares del país los locales derruidos, falta de equipos técnicos y lo más elemental para trabajar: papel y cinta para impresoras.

En medio de ese sombrío panorama judicial, con el patrocinio de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, en el marco de la maestría de Derecho Administrativo, un equipo de investigadores se dio a la tarea de estudiar la congestión en el área de la jurisdicción Contencioso Administrativa con miras a proponer algunas soluciones.  El proyecto, que siguió el formato de Colciencias, inició sus actividades mucho antes de haber sido elegido el presidente Uribe, bajo la dirección de alguien que hoy es su subalterno en la burocracia internacional. El trabajo de campo incluyó  el estudio de las estadísticas de los últimos doce años y  entrevistas a veinte personalidades, conocedoras del oficio:  consejeros de Estado, académicos, auxiliares judiciales y litigantes.

La investigación, que conocerá próximamente la opinión pública, terminó antes de que estallara el alboroto por el anteproyecto de reforma judicial que cocina el ministro Fernando Londoño. El equipo investigador concentró su atención en la congestión de la jurisdicción Contencioso Administrativa y en sus posibles soluciones, pero necesariamente observó el panorama general de toda la justicia colombiana. Y concluyó en que no se han tramitado ocho millones de tutelas, sino menos de ochocientas mil, y que son muchas las causas del represamiento de los procesos: las nuevas acciones (de tutela, de cumplimiento, de grupo, populares y de pérdida de investidura), despido masivo de servidores públicos, falta de racionalidad en la planta de personal y de preparación en los funcionarios y empleados, dilación en la práctica de pruebas, formulación innecesaria de recursos e incidentes, la extensión de los fallos, la proliferación normativa, la no aplicación de la conciliación y el comportamiento irregular de la Administración.

En lo que respecta a soluciones, las conclusiones son estas: formar jueces y magistrados a nivel de posgrado (especialización, maestrías, doctorados), abolir el período fijo para consejeros, organizar la jurisdicción constitucional completa, reglamentar los recursos extraordinarios, conciliar antes de acudir a la acción judicial, cumplir las sentencias  y suprimir algunos trámites judiciales por inocuos.   Y una conclusión final. En Colombia se necesita con apremio un equipo humano desprovisto de pasiones, odios e intereses personales -Londoño los tiene en grado sumo- que piense en una verdadera reestruturación del Estado, en cuya prioridad esté el aparado judicial. Ojalá esta investigación, sirviese de algo en medio de la soberbia ególatra y del unanimismo irracional, según los cuales cavilar y disentir es ser enemigo del Gobierno.