La droga hace su oficio

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Además de las lesiones físicas y emocionales que causa en los niños y jóvenes de los estratos bajos por consumir  el retal que dejan los ejecutivos y yupies, esta vez la droga  ensucia  a generales, policías y agentes de la DEA. La historia de la droga en Colombia, aun no se ha escrito y quizá jamás se haga. Si un día se escribiese con imparcialidad, muy pocas personas en nuestro país resultarían sin nexos con este tráfico ilícito. Negocios de caballos -¡ah los caballos!-, fincas, ganados, bancos, clubes, reinados de belleza, elección de congresistas, diputados, concejales, alcaldes, gobernadores y presidentes, de algún modo han sido tocados por los señores de la droga.

El negocio de la droga ha entrado en su cuarta década y en cuatro décadas son muchos los negocios que hacen, los hombres de negocios. Desde mediados de los años sesenta  se comenzó a cultivar con fines comerciales marihuana en la Costa Atlántica, y su arraigo y expansión se debió a la inicial tolerancia y aceptación por parte de algunos sectores de la sociedad, al paso que recibían directa o indirectamente jugosos beneficios. Más tarde la rentabilidad crecía, con la comercialización de la cocaína y extendía sus tentáculos y se infiltraba  en todas las actividades, públicas y privadas. Luego, el negocio mejoró con el cultivo directo de la hoja de coca.

Fue tal la bonanza del narcotráfico y su influencia durante los años ochenta, que en septiembre de 1989, el entonces alcalde de Medellín, Juan Gómez Martínez dijo: "Todos nos equivocamos y mucha gente honrada se apresuró a hacer negocios legales con los narcotraficantes para obtener mayores utilidades. En todo caso, si de lo que se trata es de tirar la primera piedra, nos llenarían el país de piedras". Y nadie en ese momento, entre la dirigencia del país, se atrevió a tirar la primera piedra.

Ahora, durante varias semanas, ha corrido la  tinta a raudales y ha humedecido viarias toneladas de papel por cuenta de unos episodios que todavía no están lo suficientemente claros. Con base en la historia, en principio habría que creerle al general Gabriel Díaz, quien ha sido separado del Ejército, y desconfiar de todas las agencias estadounidenses, por su capacidad para mentir cuando se trata de defender sus intereses o de buscar pretextos para pisotear la dignidad de una persona o la soberanía de algún Estado. Sin embargo, de acuerdo con lo que han dicho los medios de comunicación, las cuentan no le resultan al general Díaz.

Cuando estalló el escándalo todos pensamos que la baja del general Díaz era ocasionada por la pérdida de  dos toneladas de cocaína y 24 fusiles dentro de la jurisdicción del comandante de la II Brigada del Ejército. Pero no, a ésta hay que agregar el extravío de otros 1.436 kilos de alcaloide y unos 1.800 fusiles, de una incautación que realizó el Ejército el 13 de julio de 2002, en una finca de Puerto Velero, pues de acuerdo con testigos, allí había unos 2.000 kilos de droga y cerca de 2.000 armas, y la tropa sólo reportó el hallazgo de 564 kilos de cocaína y 200 fusiles. Es decir, se trata de dos cargamentos: uno que incautó el Ejército (el de Puerto Velero), y otro la Policía.