Cumplir la ley para burlar la ley

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En La Revista de El Espectador (No. 122. Nov. 17/02) conversaron el vicepresidente de la República, Francisco Santos y la directora de Transparencia por Colombia, Rosa Inés Ospina . El tema del diálogo fue la corrupción. El vicepresidente Santos, dijo que el nudo gordiano de la corrupción en Colombia está en la relación política que hay entre los poderes del Estado. Y agregó algo que causa desconcierto por la magnitud del problema: "Aquí no se sabe nada de lo que pasa en la justicia, lo único que se sabe es que en Colombia no hay justicia".

El diagnóstico de los dos conversadores genera muchas reflexiones, especialmente en lo que tiene que ver con la administración de justicia y la manera como los delincuentes utilizan el aparato judicial  para lograr sus propósitos. Cómo bajo el pretexto de cumplir la ley, se burla la ley. Este es el procedimiento utilizado por muchos criminales para obtener la libertad y la entrega de bienes, incluso recurriendo a la acción de tutela. ¿Cómo es este procedimiento? Muy sencillo: aparece el presunto perjudicado o un tercero, alegando que se está violando tal o cual ley. A continuación solicita que por favor se haga justicia y que se actúe como la ley que se está violando dice.

Un ejemplo de este mecanismo, manejado con verdadera maestría, es la extradición de las cárceles de España y la posterior  liberación de los narcotraficantes Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Hernando Giraldo Soto, para evitar que Rodríguez Orejuela fuera extraditado de España a Estados Unidos. El hecho que es de pura ‘historia patria', fue  propiciado por un fiscal, un juez y tres magistrados de Cali. Ocurrió en la década de los ochenta y la Corte Suprema de Justicia decidió el 12 de septiembre de 1991, pero un caso reciente tiene cierto parecido.

El cuento bien resumido es este: un fiscal, cuando los fiscales estaban adscritos a la Procuraduría, se presentó ante el Juzgado Once Penal del Circuito de Cali, y manifestó que por los medios de comunicación estaba informado de que el señor Gilberto Rodríguez Orejuela, había exportado un cargamento de droga a los Estados Unidos, razón por la cual debía ser investigado. El juez, que naturalmente estaba de acuerdo con el fiscal, con el narcotraficante, con los magistrados y con todo el mundo, inició el proceso, hizo todos los trámites para la extradición y el Ejecutivo cumplió con su parte. El procesado fue extraditado de España, y una vez que Rodríguez Orejuela estuvo en Colombia y a disposición del acucioso juez, éste lo liberó, y los magistrados del Tribunal Superior confirmaron la sentencia.

La Corte Suprema de Justicia que más tarde conoció del asunto en recurso de casación, llegó a la siguiente conclusión: "De una apreciación de conjunto sobre la actuación, fluye cómo toda ella está orientada más que al esclarecimiento de la verdad sobre los hechos referidos  en la denuncia, a la creación de condiciones para la formulación  de una solicitud de extradición de Gilberto Rodríguez Orejuela ante el gobierno español, el cual le había aprehendido y mantenía en detención, evitando por esta vía su eventual envío a los Estados Unidos, donde se le requería para su juzgamiento bajo cargos como los de producción y distribución de narcóticos en el territorio de ese Estado".

La petición de extradición y la inmediata excarcelación del ex ministro Carlos Arturo Marulanda, puede ser una simple coincidencia con el caso de Gilberto Rodríguez Orejuela, pero deja  sombras de desconfianza en la justicia.   La Fiscalía dijo que dejaba en libertad a Marulanda porque el delito por el cual se le acusaba era el de incendio y que éste es excarcelable. Sin embargo, lo que la opinión pública conoció a mediados de los años noventa fue algo más que un simple incendio de su hacienda Bella Cruz: una comunidad de campesinos violentada, desterrada y varios de sus miembros eliminados.