El bicentenario del 20 de julio de 1810 en cuatro tiempos

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-¿Cuál  independencia?,  preguntan los más radicales. -La que nos dio el Libertador, contestan  los seguidores de Bolívar. Es lo que se escucha  hoy, en salones académicos, en tertulias políticas, o en tiendas de barrio y en fondas camineras.  Son  dos posiciones diametralmente opuestas, expresadas con odio, muchas veces.

El tema genera controversia porque la independencia supone soberanía y hoy carecemos de ella. Ese poder supremo e incondicional que debe sobresalir por encima de  todas las organizaciones sociales, como elemento básico en cualquiera de las formas de autoridad, para garantizar y coordinar las libertades, no existe en el ámbito del Estado contemporáneo. Ese poder  que reglamenta y gobierna los demás poderes -el municipal, el provincial, el regional, el sectorial de todos los gremios y comunidades- se echa de menos en todas las esferas de la vida política. La idea de soberanía que, a través de la historia, han tenido los pueblos, en cabeza de sus pensadores, es un elemento que hace falta,  de lejos, en el Estado de hoy: no  aparece ni como autarquía ni como poder  absoluto de los reyes ni como poder popular ni como poder nacional. Es la carencia absoluta de ese concepto, que ha evolucionado y que ha retrocedido, en ocasiones, como un péndulo. Desenvolviendo más despacio este concepto,  no existe o está en otras manos: no en las del Estado ni en las del pueblo.

En el pensamiento clásico griego y, más concretamente en el de Platón  y su discípulo Aristóteles, el Estado obedecía al esfuerzo de los hombres por completarse unos a otros (carnicero, panadero, sastre, zapatero, comerciante  dice Platón en la República);  es decir la organización política  debía estar constituida  de tal suerte que,  por su propia naturaleza, no tuviese necesidad de ninguna otra comunidad que la completase. Ese concepto de la soberanía como poder autárquico, del pensamiento  político clásico, no existe hoy, ni siquiera como una  sombra borrosa, y resulta inoficioso cualquier esfuerzo para  demostrar su ausencia. El concepto de soberanía del absolutismo moderno, es decir, el cúmulo de derechos concentrados en cabeza del rey para legislar, para hacer la paz y la guerra,  para nombrar los altos dignatarios, para hacer justicia,  el derecho a la fidelidad y a la obediencia, el derecho a emitir moneda y a fijar impuestos libremente, tampoco existe.

El concepto de soberanía popular,  elaborado por Rousseau,  según el cual el poder está en cada uno de los ciudadanos de una nación, en cuotas absolutamente iguales,  y, en consecuencia, le corresponde a cada uno de los miembros de la misma, tampoco existe, porque el individuo  como tal, sin ningún otro factor  de poder, carece de la preeminencia soberana.  Surge a continuación  la soberanía nacional,  la cual no puede dividirse,  por ser única y por pertenecer  enteramente a la nación, quien la ejerce a través de sus representantes. Viene luego la  denominada soberanía parlamentaria,  como una mixtura de la popular y de la nacional, la cual es transferida al congreso, órgano o cuerpo colegiado que la ejerce a través de delegación. Este tipo de soberanía tampoco existe, por  una razón esencial: el parlamentario o congresista de hoy no tiene como mira el interés general sino el interés particular, ya sea el propio  o el de cualquier grupo de presión que permanentemente cabildea para lograr sus propósitos egoístas y mezquinos. Finalmente, con la Constitución  española de 1978, que ha influido en muchos de los estatutos fundamentales de los países latinoamericanos, se vuelve al concepto de soberanía popular, al señalar que "la soberanía nacional  reside en el pueblo español, del que emanan los poderes públicos del Estado".

Ahí están todos los conceptos de soberanía: la autárquica, la absoluta, la popular, la nacional, la parlamentaria y, nuevamente, la  del pueblo, pero ninguna existe en la realidad de hoy. La última se encuentra escrita en el papel, y en la realidad está como  simple miniatura o como una caricatura del poder del Estado. La soberanía de hoy se halla en el gigantismo del mercado, en el poder de las transnacionales y en la reducción del Estado como expresión del poder nacional.  La soberanía del Estado es una falacia, pues el centro del poder descansa, finalmente,  en las transnacionales, y se hace cada vez más frágil en los países subdesarrollados. Éstos, en verdad, tienen dos amos. En primer lugar, el gran imperio político y militar de los Estados Unidos de Norteamérica. A éste, como lo sab e la opinión pública, el presidente Uribe le ha entregado siete bases militares y todos los aeropuertos internacionales de Colombia. Y en segundo lugar, los conglomerados económicos de las transnacionales. Éstas van recorriendo el mundo, corrompiendo gobiernos y sobornando parlamentos para apoderarse de empresas estatales y obtener leyes con las  que puedan exprimir hasta la última gota de sudor y sangre de los pueblos.

La soberanía empresarial no surgió de la noche a la mañana, sino que se fue afianzando paulatinamente, primero en los Estados Unidos y luego en todo el mundo.  El investigador estadounidense David C. Korten, en su excelente y documentada obra Todo lo que brilla no es oro. Cuando las transnacionales gobiernan el mundo, nos pone de presente que, ya en la segunda mitad del siglo XIX, las empresas habían acumulado un  poder de tal magnitud en los Estados Unidos, que merecieron el rechazo de dos presidentes  del gran imperio. En efecto, Abraham Lincoln (1809-1865) dijo poco antes de ser asesinado: "Las empresas han sido coronadas. Seguirá un período de corrupción en las altas esferas y el poder del dinero va a intentar prolongar su reinado sobre los perjuicios de las personas, hasta que la riqueza se haya acumulado en unas pocas manos y la República sea destruida". Y  Rutherford Berchard Hayes (1822-1893), en 1876, cuando las empresas presionaban para burlar su elección como presidente, manifestó: "Éste ya no es un gobierno de, por y para las personas. Es un gobierno de, por y para las empresas"[1]. En el contexto de esa realidad escribo esta nota sobre el Bicentenario de las refriegas políticas del 20 de julio  de 1810.

Acerca de este asunto  son muchos los temas que se pueden abordar: la educación, la investigación científica, el modelo económico, la agricultura y la seguridad alimentaria, el arte y la literatura, la universidad, la industria, las exportaciones, etc. No obstante esa pluralidad de temas interesantes, escribiré un breve ensayo sobre la historia política de Colombia.

Partiendo del hecho cierto de que los fenómenos sociales y políticos  no tienen ocurrencia fatalmente en una fecha determinada, divido estos doscientos años de la historia de Colombia en cuatro tiempos o períodos de cincuenta años cada uno, con estas denominaciones: 1810-1860: lucha de intereses de la élite criolla; 1860-1910: declaración del federalismo puro y del centralismo autoritario; 1910-1960: enfrentamiento del pueblo conservador  contra el pueblo liberal, y 1960-2010:  la sociedad y el Estado mafiosos.

Primer Período 1810-1860:

LAS LUCHAS  INTESTINAS DE LAS ÉLITES CRIOLLAS

1.Invación de Napoleón a España

La Revolución francesa, junto con la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en el escenario europeo, pronto se convirtió de realidad tangible en un sueño del pasado. Sus protagonistas, como en casi todas las revoluciones, no  pensaron cuál sería el quehacer un día después de haber derrotado al antiguo régimen. Incapaces de convencer con la dialéctica, la cúpula de la histórica revolución, recurrió al baño de sangre y al terror revolucionario, que sitúa entre 35.000 y 40.000 ejecutados y más de 300.000 encarcelados. Sólo en París 1.376 guillotinados entre el 10 de junio y el 26 de julio de 1794.

La división interna de los revolucionarios, sus posiciones extremas, los factores de poder de la burguesía y la impotencia del pueblo para controlar la situación, llevaron al exterminio de las más valiosas figuras de la Revolución, entre éstas a Maximiliano Robespierre. En medio de la ceguera que produce la pasión por el poder, los contendientes de Robespierre le endilgaron toda una cadena de conductas contradictorias e incoherentes: sátiro, impotente, homosexual, crueldad innata, cobardía, veleidades tiránicas, incapacidad de mando, histeria, epilepsia, facultades hipnóticas y várices, y lo  guillotinaron sin proceso previo, el 28 de julio de 1794, a la edad de 36 años[2].

La crisis de la Revolución francesa fue como una gran bendición para Napoleón Bonaparte, militar de familia noble, aunque pobre, quien después de varias campañas, victoriosas la mayoría y fallidas otras, logró que el Consejo de Ancianos lo nombrara miembro de un triunvirato de cónsules, junto con Roger Ducos y Sieyés. Napoleón con la aureola de general victorioso instauró una dictadura que duró quince años, y para cumplir con su objetivo lo primero que hizo fue imponer contra la voluntad de Sieyés la Constitución del año VIII (1799): en su condición de primer cónsul ostentaba el poder ejecutivo y tenía la iniciativa de proponer las leyes, y el recurso del plebiscito le permitía saltar por encima del débil obstáculo del poder legislativo. A partir de este momento, Bonaparte fue implacable con los jacobinos, privó del mando a varios generales, dictó la Constitución del año X (4 de agosto de 1802), que lo nombraba cónsul vitalicio y le permitía escoger a su sucesor.

Con todas estas herramientas en sus manos, Napoleón se proclamó emperador y se coronó así mismo, en presencia del Papa Pío VII, en la Catedral de Notre Dame de París, el 2 de diciembre de 1804. El acto de coronación, que constituyó el más alto grado de egolatría y vanidad que gobernante alguno pueda anhelar, no contó sin embargo, con la asistencia de toda su familia, como ambicionaba con frenesí Napoleón, pues todos estaban muertos de la envidia. A regañadientes lo acompañaron José, hermano mayor de Napoleón y sus tres hermanas; su madre y sus otros tres hermanos, Luis, Lusiano y Jerónimo le negaron la compañía y la gratificación filial en ese solemne acto de la más mezquina vanidad.

El 22 de marzo de 1808, el ejército de Napoleón al mando de Joaquín Murat invadió España. Un día antes, el 23 de marzo, Fernando VII, por abdicación de su padre Carlos IV, fue proclamado rey de España e hizo su entrada triunfal en Madrid en medio de la aclamación del pueblo, pero su reinado en este momento fue efímero. Por toda una cadena de maniobras e intrigas de Napoleón, Fernando VII fue conducido a Bayona donde estaban su padre Carlos IV, su madre María Luisa y del primer ministro, Manuel Godoy, quienes obligaron al joven monarca a entregar el trono a Bonaparte el 10 de mayo de 1808. Desde entonces y hasta 1814, Fernando VII fue confinado en Valencey (Francia). Entretanto, en Madrid el pueblo se había levantado desde el 2 de mayo de 1808 e iniciaba la guerra de resistencia al invasor y la lucha prolongada para recuperar la soberanía. Napoleón cedió el trono de la península a su hermano José, y decidió dar una nueva Constitución a España, para lo cual convocó unas Cortes de notables en Bayona, pero asistieron muy pocos diputados, casi todos llevados a la fuerza.

La guerra de resistencia librada por España frente al invasor, fue siempre desigual: inicialmente 150.000 franceses ubicados en los sitios más estratégicos de la península, contra 60.000 españoles, mal armados y equipados. Sólo el entusiasmo y el patriotismo que despierta la resistencia al invasor, suplieron todas las deficiencias del ejército español. Todas las provincias resistieron al ejército francés, pero los cronistas destacan como hecho heroico la tenacidad con que combatió el pueblo de Zaragoza sitiado en dos ocasiones. Primero el 15 de junio de 1808, después de haber combatido con 1.000 soldados y 6.000 paisanos armados. En esta ocasión los franceses huyeron un mes después cuando el ejército español derrotó el enemigo en la célebre batalla de Bailén, 19 de julio de 1808. El segundo asedio de Zaragoza, que inmortalizó su nombre e hizo célebre a Agustina de Aragón, se produjo a partir del 20 de febrero de 1809[3].

Además de la resistencia armada, en el orden político, España tomó varias decisiones. Estableció Juntas de Gobierno en todas las provincias no ocupadas por las fuerzas invasoras, para sostener la lucha de independencia y procurar el rescate de su monarca. La de Sevilla, compuesta de los hombres más eminentes en la política, la literatura y la milicia, se denominó Junta Suprema de España e Indias, y a ella se sometieron en un principio casi todas las demás, por su acierto y su prestigio. La Junta era la depositaria del poder real, y su primer acto fue dirigir un manifiesto al país disponiendo el levantamiento de un ejército de 500.000 hombres, pero apenas sí logró reunir 80.000.  Posteriormente la Junta Central fue trasladada a Cádiz, defendida por el duque de Alburquerque, con el apoyo de un numeroso ejército angloespañol, que jamás fue vencido.

En relación con los dominios ultramarinos de España,  después de algunos triunfos  parciales  sobre las tropas francesas, la Junta Suprema  se dirigió a América  en busca de auxilios  para la defensa de la monarquía y con el propósito de afianzar la defensa de las colonias. A raíz de las victorias de Andujar y Bailén, fue enviado a Santa Fe, don Juan José Sanllorente, en solicitud de dinero y toda suerte de auxilios para sostener la guerra que habría de restituir a Fernando VII en el trono de España. La Junta de Sevilla  no se limitaba  a pedir auxilios, sino que invitaba a las Américas a unirse estrechamente con España para continuar la lucha. No era una orden lo que España daba, sino una excitación comedida y una advertencia ante el peligro de que América fuese invadida por el ejército de Napoleón[4].

2.  Las preocupaciones  de las élites criollas

Esa advertencia fue la causa determinante para que la élite criolla comenzara a preocuparse por sus intereses políticos y económicos. Así es como surge la primera pieza jurídico-política de lo que hoy es Colombia.  En medio de la ebullición intelectual de aquellos años, en 1809 fue escrito por Camilo Torres, el documento denominado Memorial de Agravios. Este no era un alegato declarando la independencia sino un reclamo que el Nuevo Reino de Granada le hacía a España por el trato injusto en la representación de las colonias ante la Junta Central de Sevilla: mientras que a las provincias españolas se les otorgaba 36 diputados a estos reinos solo se le asignaban 9 delegatarios. En su parte inicial el documento expresaba el gozo que el pueblo de Santa Fe sintió ante el llamado que la metrópoli había hecho para defender a Fernando VII. "América y España -decía- son dos partes integrantes  y constituyentes de la monarquía española"[5]. Pero a continuación venía el reclamo: "Bajo este principio, y el de sus mutuos y comunes intereses, jamás podrá haber un amor sincero y fraterno sino  sobre la reciprocidad e igualdad de derechos"[6].

Después de este introito, Camilo Torres, en su Memorial, hace una manifestación político-antropológica incuestionable: "Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado  su sangre por adquirir estos nuevos dominios para la Corona de España"[7]. Y luego explica las razones por las cuales al Nuevo Reino de Granada le debe corresponder el mismo número de delegatarios que a las provincias españolas. La población, la extensión superficiaria, las riquezas de este país y en especial los metales, la situación geográfica en medio de dos océanos y finalmente la formación intelectual de los criollos, eran entre otras las causas para exigir un trato idéntico al de la propia España.

En la parte final del documento, se reitera el reclamo sobre los principios de igualdad y de justicia. Y  de este último principio, trae la misma definición que enseñó Platón en la República: "Dar a cada uno lo que le corresponde"[8], lo cual explica la influencia del filósofo ateniense en los primeros pensadores políticos de Colombia. Y el remate del Memorial es de este tenor: "¡Quiera el cielo que otros principios y otras ideas menos liberales no produzcan  los funestos efectos de una separación eterna!"[9].

El segundo documento que prueba que la élite criolla no deseaba separarse de España, sino defender sus intereses es la  denominada Acta de la Independencia. En efecto, este escrito  no corresponde a su nombre, pues no se trata de una relación de hechos que hayan proclamado la independencia de este territorio de la Monarquía Española, sino la constancia de lo sucedido en una asamblea popular que se formó de manera accidental, el viernes 20 de julio de 1810. Los incidentes de ese día -el florero y trifulca- fueron atrayendo al pueblo, hasta conformar una asamblea de 9.000 personas,  que se constituyó en Cabildo Extraordinario. Éste eligió la misma noche del 20 de julio la Junta de Gobierno Supremo del Nuevo Reino de Granada, con el mandato de "no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto  y desgraciado Monarca don Fernando VII, siempre que venga a reinar entre nosotros"[10]. Una vez elegida la Junta, sus miembros juraron "derramar hasta la última gota de nuestra sangre por defender nuestra sagrada Religión C. A. R., y a nuestro amado Monarca don Fernando VII y la libertad de la Patria"[11].

De acuerdo con el Acta, a las tres y media de la mañana  del sábado 21 de julio se terminó el Cabildo Extraordinario, y la Junta de Gobierno convocó para ese mismo día a las nueve de la mañana, junto con los demás cuerpos y autoridades que debían jurar obediencia y reconocimiento de este nuevo gobierno. En el desempeño de sus funciones, la Junta de Gobierno nombró unos cuerpos de milicias compuestos y comandados por criollos reconocidos.  Siguiendo el principio de división del trabajo, ese cuerpo organizó las siguientes Secciones de la Administración: Negocios diplomáticos internos y externos; Negocios eclesiásticos; Gracia y Justicia; Guerra; Hacienda; Política y Comercio. En esta prístina estructura del poder público en Colombia, también se observa la influencia de España, pues repite los nombres de algunas unidades administrativas de la madre patria.

En ejercicio del mando supremo, la Junta y cada una de las Secciones mencionadas atendía con sus respectivos miembros  los negocios asignados. La Junta Suprema funcionaba como una Corporación Legislativa, velaba por todas las actividades de la administración pública, en su condición de única y soberana autoridad, al paso que proveía de todo lo indispensable para la organización política del Estado.

Los miembros de la Junta Suprema de Santa Fe, entendieron que todas sus actuaciones eran provisionales, y por eso en lo que primero pensaron fue en organizar un cuerpo colegiado que expidiera una Constitución y fijara las bases de un sólido edificio administrativo. Con esa preocupación, la misma Junta Suprema se dirigió a otras provincias para que hicieran la elección de los respectivos diputados a las "Cortes del Reino", con el fin de formar en la capital un Congreso Constituyente que ejerciera la autoridad soberana que la Junta había asumido y expidiera la Carta Fundamental, que se necesitaba con urgencia. No todas las provincias respondieron al llamado de Santa Fe, pues desde ese mismo momento se comenzó a sentir la influencia federalista de los Estados Unidos de Norteamérica, pero también los intereses personales de las élites criollas: querían hacerse soberanas y gobernar  sus provincias de manera independiente[12].

3. Las refriegas centralistas-federalistas

Durante el primer período y en la inmensa mayoría del segundo (1810-1902), es decir, durante todo el siglo XIX la élite criolla se trenzó en nueve guerras civiles nacionales y en setenta  de orden local y regional. Lograr el poder o afianzarse en él, traicionando los ideales de los héroes de la Independencia, fue su razón de ser. ¿Cuáles fueron las causas de esas guerras? Las sintetizo a continuación, siguiendo la obra Los inconformes de Ignacio Torres Giraldo.

En primer lugar, la Independencia dejó en pie el sistema feudadl de la Colonia, a  imagen y semejanza del régimen que había vivido España durante la Edad Media. Sobre esa estructura de privilegios feudales quiso la élite criolla construir una superestructura democrático-liberal propia de la burguesía moderna.

En segundo lugar, se quiso instituir un régimen republicano, cuya esencia es la libertad, pero a la vez se mantuvo la esclavitud y el sometimiento del pueblo indígena. El esclavo había dado su sangre en la guerra de la Independencia, pero continuó sien do esclavo hasta 1852.

En  tercer lugar, como consecuencia de las dos causas anteriores, se suma otra: la miseria del pueblo. Esta última se convierte en el motor de las guerras civiles en Colombia.[13] ¡Qué coincidencia! Hoy también es la miseria la causa del conflicto  interno que vive Colombia: "El principal obstáculo  para que un país inmensamente rico como el colombiano logre un desarrollo humano acelerado y sostenible es la inequidad"[14].

Sin embargo, un gran pretexto para iniciar una guerra fue la defensa de la autonomía de independencia de cada provincia. Con fundamento en esta disculpa sobrevino en la naciente república una verdadera explosión federalista. Aunque desde los albores de la Independencia se había hablado de federalismo, sólo a mediados del siglo XIX comenzó a tener forma este tipo de Estado.

Pero el federalismo no era una concepción ideológica que tuviese como propósito el interés general. Según el historiador Álvaro Tirado Mejía, "el federalismo fue la manera más adecuada que encontraron las oligarquías regionales para disponer en su beneficio del patrimonio nacional sin entrar en una confrontación general. Así, de acuerdo con las peculiaridades regionales, los Estados pudieron adecuar sus legislaciones para la apropiación de los resguardos, de los baldíos, para dictar códigos de minas en las regiones auríferas". Las ambiciones personales y los deseos de los clanes familiares habían llegado al extremo de considerar cada Estado o provincia  su patrimonio exclusivo. En el contexto de esta coyuntura no podía decir menos el artículo 1º de la Constitución política de la Nueva Granada (1853), además de hacer las declaraciones usuales para definir la forma de Estado: "Esta República no es ni será nunca el patrimonio de ninguna familia ni persona".

En 1853, la mayoría de los liberales radicales del Congreso expidieron, con el apoyo de los conservadores, la Constitución de la República de la Nueva Granada con base en el proyecto presentado por el liberal Florentino González. Aunque la nueva Constitución no definía la organización política como un Estado federal, era ya la institucionalización del federalismo, pues los artículos 48 a 51 así lo determinaban. Esos artículos establecían que cada provincia quedaba dotada del  "poder constitucional bastante para disponer lo que juzgue conveniente a su organización, régimen y administración interior, sin invadir los objetos  de competencia del gobierno general". Asimismo prescribían que el régimen municipal de cada provincia estuviera a cargo de una legislatura provincial, en la parte legislativa, y de un gobernador, en la parte ejecutiva, y que la Constitución seccional respectiva determinara la forma y las funciones de la corporación provincial, que sería necesariamente de elección popular y que no podría constar de menos de siete miembros.

Con base en la facultad otorgada en estas tres normas, cada provincia se dio su propia Constitución, y lo que vino luego fue una verdadera explosión federalista, pues cada una de las siguientes ciudades y provincias expidió la suya: Bogotá, Casanare, Cartagena Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó,  García Rovira, Medellín, Neiva, Pamplona, Popayán, Sabanilla, Santander, Socorro,  Túquerres, Tundaza,  Vélez y Zipaquirá[15].

Segundo  Período: 1860-1910

LA DECLARACIÓN DEL FEDERALISMO PURO Y EL CENTRALISMO  AUTORITARIO

Sin que las guerras civiles hayan  terminado, y más bien como consecuencia de éstas, se expiden dos de las ocho grandes Constituciones que haya tenido Colombia, que a su vez institucionalizan dos regímenes de Estado: el federalista y el centralista.

1.El federalismo puro

El  régimen federal colombiano se declara en la Convención de Rionegro. Se lleva  cabo una vez concluida una prolongada guerra civil en la que el general Leonardo Canal, quien lucha a nombre del conservatismo, capitula en la ciudad de Pasto en diciembre de 1862[16].

El 20 de septiembre de 1861, los Estados de Bolívar,  Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima firmaron un pacto de unión y de acuerdo con el artículo 45 de este convenio, el citado pacto, "no se podrá derogar, reformar, interpretar, aclarar, ni alterar en manera alguna, sino por un Congreso de Plenipotenciarios en que estén representados todos los Estados y que sea convocado al efecto por el Congreso de la Unión, a petición de la mayoría de los Estados". Este texto indica que el origen de la Convención de Rionegro fue inconstitucional, vicio del cual eran conscientes los delegatarios y así lo expresaron: "Es inconstitucional porque ni los negociadores recibieron su credencial de las legislaturas de los Estados , ni tuvieron instrucciones expresas para celebrarlo".

No obstante, para que no pesara en sus conciencias ese vicio substancial, los convencionistas eligieron una Asamblea que derogó el artículo 45 del pacto y el asunto quedó arreglado. La Convención fue instalada de manera solemne el 4 de febrero de 1863 y después de derogar la talanquera del artículo 45 del pacto de 1861 y de elegir un gobierno provisional, compuesto por Jo´se Hilario López, Santos Gutiérrez, Eustorgio Salgar, Froilán Garlacha y Tomás Cipriano de Mosquera, expidió la Constitución de 1863, que fue sancionada el 8 de mayo del mismo año. La Convención estaba constituida por 63 delegatarios de los Estados, todos liberales, pues el liberalismo había sido el ganador de la prolongada guerra civil de 1860-1862.

Terminada la labor constituyente los convencionistas hicieron la elección del primer presidente de los Estados Unidos de Colombia, conforme al artículo transitorio  de la Nueva Constitución, hecho que favoreció al general Tomás Cipriano de Mosquera[17].

2. El centralismo autoritario

Después de la guerra civil de 1885, donde perdieron los radicales, se presenta lo que algunos historiadores han denominado "el balconazo de Núñez", quien para celebrar la victoria conservadora, ante una manifestación de sus seguidores dijo el 11 de septiembre  de aquel año: "La Constitución de 1863 ha dejado de existir". Ter minada ese discurso, de manera inmediata Núñez convoca  el Consejo Nacional de Delegatarios, con lo cual queda claro que esta Asamblea Constituyente también es inconstitucional. Efectivamente, la Constitución anterior, la de Rionegro de 1863, en su artículo 93 señalab a el procedimiento  a seguir para reformarla, y la convocatoria realizada por Núñez estaba por fuera de ese procedimiento.

El Consejo Nacional de Delegatarios estaba constituido por 18 miembros, a  razón de 2 representantes por cada Estado, uno nuñista y uno conservador de la corriente de Miguel Antonio Caro, y fue instalado el 11 de noviembre de 1885. La Asamblea de Delegatarios debía cumplir dos función es: una función constituyente, en cuan to que debía expedir la  nueva Constitución, y otra legislativa, pues debía redactar algunas leyes.

En su mensaje de instalación Núñez señaló la orientación que debía tener la  nueva Constitución, en los siguientes términos: "Esta nueva constitución para que satisfaga la expectativa general, debe en absoluto prescindir de la índole y tendencias características de la que ha desaparecido dejando tras sí prolongada estela de desgracias [...]. La reforma política comúnmente llamada Regeneración Fundamental, no será pues,  de instituc iones extrañas; ni pacto de especulaciones  aisladas de febriles cerebros; ella será un trabajo como codificación natural y fácil de pensamiento y anhelo de la nación"[18].

Al Consejo Nacional de Delegatarios se presentaron tres proyectos: el de José María Samper, el de José Domingo Camacho  y el de Rafael Reyes. Después de varios debates se comisionó a don Miguel Antonio Caro para la redacción final, cuyo texto fue aprobado el 4 de agosto  de 1886 y sancionado por el ejecutivo el 5 de agosto del mismo año. Conforme a esta Constitución, la estructura jurídica de la nación colombiana regresa al centralismo  autoritario de la época de la Colonia española, contra el cual luchó el pueblo durante los tres últimos lustros del siglo XIX  y todo el siglo XX.

Tercer período: 1910-1960

EL  ENFRENTAMIENTO DEL PUEBLO CONSERVADOR CONTRA EL PUEBLO LIBERAL

Durante este tercer  período (1910-1960) las élites políticas arrastraron al pueblo a matarse entre sí. Así cayeron asesinados Rafael  Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán. Entre 1946 y 1958, le campesinado conservador fue utilizado  contra el pueblo campesino liberal, en una orgía de incendios y matanzas. Es la época de "la Violencia".

Así se denomina, porque en Colombia somos expertos en soslayar la realidad de las cosas y de los hechos, recurriendo a la magia del lenguaje y a utilización de trucos semánticos. Se comienza por el discurso oficial, se continúa en los medios de comunicación y se concluye, sin ningún pudor, en los círculos intelectuales y académicos. Así por ejemplo, en todos los países del mundo a confrontaciones bélicas como las que ocurren entre nosotros se las denomina insurgencia, conflicto armado, revolución o guerra civil. En Colombia para rehusar la responsabilidad político-social a esos choques armados se  los llama violencia. Entonces en Colombia no hay sociólogos o politólogos de la guerra o del conflicto sino "violentólogos".

Sólo los autores extranjeros que se han metido en las profundidades de nuestra sociología y de nuestra historia (Paul Oquist, Malcom Deas, Bert Ruiz, Marc Chernick, entre otros), le dan a nuestra guerra el nombre de guerra o conflicto armado. ¿De dónde nació esa denominación? Alguien, en medio del dolor, de la sangre y la orfandad, pronunció por aquellos años (1946-1957) el término "violencia" para referirse a la barbarie de que era víctima, y el vocablo penetró profundamente en el sentimiento de los colombianos, hasta convertirse en paradigma del horror. Los sobrevivientes de esos hechos dolorosos comenzaron a contarles a sus hijos lo ocurrido en la época de "la violencia", y desde entonces ese período y ese concepto hacen parte de la historia política de Colombia, como lo son para el mundo la Revolución francesa o la Segunda Guerra Mundial.

1.Concepto de violencia

Por violencia se entiende la aplicación física o psicológica de un individuo o grupo contra otro individuo o grupo, con el propósito de destruir, dañar o coartar las libertades. Es asimismo, el medio legítimo o ilegítimo de un régimen político para lograr el mantenimiento o la superación de determinadas relaciones de poder[19].

Por la manera brutal como impactan los hechos y se fijan en nuestros ojos los daños físicos, bien podríamos omitir el componente psicológico del concepto de  violencia. Sin embargo, este no puede soslayarse, pues la experiencia demuestra, que de manera inmediata o diferida, los actos violentos pueden modificar el estado metal de los seres humanos[20].

De acuerdo con los autores, la violencia siempre es ejercida por el grupo político que detenta el poder y sólo de manera excepcional puede provenir de un grupo disidente, pues no todas las acciones de los movimientos que se hallan en la oposición son violentas. Solamente son hechos de violencia las acciones puramente terroristas cuya finalidad es causar el desconcierto. Así, pues, de entrada y de una manera simple, se podría concluir que la violencia en Colombia siempre ha sido política y que basta examinar qué partidos, coaliciones o regímenes han ejercicio el poder para saber quienes han hecho o tolerado la violencia.

No obstante, el tema de la violencia en nuestro país tiene un alcance más profundo: la sociedad colombiana y su organización política, es decir su Estado, se hallan en proceso de formación. Las limitaciones del tiempo y del espacio que  me han impuesto en el marco de este evento me impiden asumir el reto de hacer este análisis, que por lo demás ya los he trabajado en otros libros y conferencias[21].

Como punto de referencia con otras sociedades del mundo se podrían hacer estas o similares preguntas: ¿en alguna sociedad del mundo en un mismo año se descubren 200 fosas de víctimas de un grupo paraestatal?, ¿en alguna sociedad del mundo un grupo paraoficial les impone a sus cuadrillas de matones la tarea de eliminar de 1.000 personas cada quince días?, ¿algún Estado de derecho de la Tierra le paga a una persona 5.000 millones de pesos por matar a otra?, ¿en alguna sociedad del mundo un movimiento disidente político-militar elimina a 11 diputados, sin una explicación coherente?, ¿en alguna sociedad del mundo ocurren todos estos hechos de barbarie en un solo  contexto histórico?

También como punto de referencia, de la tesis según la cual la sociedad y el Estado colombianos se hallan en proceso de formación, sería bueno mirar otra sociedad, por estos días tan generosa y solícita a las tragedias de nuestra violencia contemporánea: Francia. Francia, la de las libertades, la de la Ilustración, la que deslumbró a Bolívar, hizo su revolución, todos los sabemos en 1789. Pero esa revolución tuvo dos etapas, una pacífica y otra violenta. El 9 de julio -recordemos que la toma de la Bastilla fue el 14 de julio-, la Asamblea Nacional y los diputados de los tres estamentos, reunidos en una misma sesión, se declararon "Asamblea Nacional Constituyente". Hasta ahí llegó la parte romántica, noble y generosa de la Revolución: sin una gota de sangre, la monarquía absoluta había dejado de existir gracias a una revolución política de aristócratas y juristas. Después vendrían la horrible siega de las mejores vidas y el derramamiento de sangre sin tasa ni medida. Pero la reflexión central sobre la sociedad francesa como punto de referencia en congruencia con la nuestra, tiene que ver con la antigüedad de las dos sociedades: el día que Francia hizo su revolución, tenía 1.400 años de ser un Estado independiente y soberano.

He aquí el testimonio del diputado Mounier en plena Asamblea Nacional Constituyente: "Sin duda, no podemos decir que en Francia estemos enteramente desprovistos de todas las leyes propias  para formar una Constitución; desde hace catorce siglos tenemos un rey; el cetro no ha sido creado por la fuerza, sino por voluntad de la Nación". Hasta dónde esa voluntad de la nación fue libre es tema que hoy se puede discutir, pero lo cierto es que esa sociedad después de catorce siglos de vida independiente, a través de un extraordinario proceso de transformación de un sistema político, social y económico -el Antiguo Régimen-, en un tiempo relativamente corto y bajo la influencia de una profunda revolución, dio paso a un nuevo sistema, sometido a una Constitución que se impuso como modelo, primero en Europa y luego en el resto del mundo occidental[22].

Es preciso reconocer  que todo este tercer período (1910-1960)  del Bicentenario fue de violencia, aunque el de mayor hondura en estos cincuenta años, el tramo comprendido entre 1946 y 1957 es el que le da su denominación: "la violencia" Por supuesto,  en Colombia,  no ha dejado de haber violencia ni antes ni después de esa época hasta nuestros días. En La violencia en Colombia, el sociólogo y académico Orlando Fals Borda dice al respecto: "Es claro que hayamos logrado una visión lo más clara y fidedigna posible de los procesos de la violencia monstruosa, que ha venido multiplicándose e imbricando facetas y líneas diferentes de los unívocos conflictos de los años veinte y treinta del siglo XX". Y cita a un hombre del común, quien caviló así sobre la violencia de los años cincuenta: "En el 30 sembramos. Hoy recogemos pero con características diferentes"[23].

¿De dónde nació esa denominación? Alguien, en medio del dolor, de la sangre y la orfandad, pronunció por aquellos años (1946-1958) el término "violencia" para referirse a la barbarie de que era víctima, y el vocablo penetró profundamente en el sentimiento de los colombianos, hasta convertirse en paradigma del horror. Los sobrevivientes de esos hechos dolorosos comenzaron a contarles a sus hijos lo ocurrido en la época de "la violencia", y desde entonces ese período y ese concepto hacen parte de la historia política de Colombia, como lo son para el mundo la Revolución francesa o la Segunda Guerra Mundial.

2. Itinerario de la violencia

Aunque para quienes vivieron a mediados del siglo XX, la violencia se ubica en eso fatídicos once años (1946-1957), todo el tercer período del Bicentenario, es de sangre y de horror. No había transcurrido el primer lustro de ese tercer período  en que yo divido la historia de Colombia, cuando ocurrió el asesinato de de Rafael Uribe Uribe (1914), como se ya dijo. Que la violencia no se localizó a partir de 1946, es asunto en el cual están de acuerdo muchos autores.

Dicen Germán Guzmán Campos, Orlando Flas Borda y Eduardo Umaña Luna en su obra La violencia en Colombia que la nación carece de una noción exacta de lo que fue este fenómeno, ni ha sopesado toda su brutalidad, ni tiene indicios de sus efectos destructores, ni de sus causas, ni de su incidencia en la psicología del campesinado, ni en la crisis y la degradación moral, ni del enjuiciamiento que se debió hacer a los dirigentes, ni de la eficaz y serena reflexión que el problema requiere. Sin embargo, agregan que "a través del inmenso acervo de datos de datos que fueron confrontados que fueron confrontados" para realizar el trabajo que publicaron en 1962, pude deducirse que no se podría entender la violencia sin adentrarse en detalles de los antecedentes históricos  inmediatos, "cuyas fechas claves son: 1930 y la etapa conflictiva que inició; el 7 de agosto de 1946 con el cambio de gobierno; y el 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán"[24].

Según los mismos autores, los acontecimientos cruentos del año de 1930 se ubicaron geográficamente en los departamentos de Santander y Boyacá, con repercusiones en Cundinamarca, Antioquia y algunos municipios del Occidente de Caladas. El conflicto surgió, según el estudio de Guzmán, Fals y Umaña so pretexto del cambio de gobierno o como un rezago de la legendaria y quijotesca guerra de los Mil Días. Y para darle solidez documental a su investigación citan al ex ministro conservador de Enrique Olaya Herrera, Roberto Urdaneta Arbeláez, quien en su obra El materialismo contra la dignidad del hombre, dice:

Se desató la persecución de los liberales triunfantes contra los conservadores, especialmente en los departamentos de Boyacá y Santanderes.

El gobierno y Olaya Herrera personalmente, hicieron todos los esfuerzos imaginables para estancar la sangría y las directivas liberales cooperaron con el ejecutivo en el mismo sentido; pero el hecho continuó y empezó a reabrirse el abismo entre los dos partidos y a germinar el ánimo vengativo que habría de traer, en el futuro cercano, días aciagos para la nación. Producido el primer ataque sangriento de liberales contra conservadores o viceversa, el proceso se desarrollaría automáticamente; vendría entonces el deseo de venganza y quedaría urdida la cadena de violencia, que después sería imposible de romper[25].

Cuarto período: 1960-2010

LA SOCIEDAD Y EL ESTADO MAFIOSOS

El cuarto período (1960-2010) es el más ominoso y aciago de los 200 años de la historia política de Colombia. A cualquier persona de inteligencia media y políticamente imparcial, se le vendrían a la imaginación estas o similares preguntas: ¿Qué sucede con la sociedad colombiana?, ¿por qué se desprecian tanto la vida y la dignidad humanas?, ¿por qué se han perdido tanto los principios y valores éticos?, ¿Por qué en vez de castigar al pillo, al malvado, al corrupto, al simulador, este aparece como modelo a seguir?, ¿por qué no existe una sanción política para los bandidos que han defraudado a la sociedad y al Estado?, ¿por qué las autoridades no educan con el ejemplo a los niños, a los jóvenes y a los ciudadanos de Colombia en vez de inducirlos al crimen?, ¿por qué nos sucede todo  esto?

Porque las élites de los dos partidos tradicionales que durante el tercer período del Bicentenario habían enfrentado a los campesinos conservadores contra  los campesinos liberales,  inauguraron el cuarto período con la coalición del Frente Nacional e iniciaron una guerra abierta contra el pueblo que no termina aún, y porque a partir de 1965 un sector de esas élites se  coaligó con las mafias del narcotráfico. Esa coalición político-mafiosa pronto se expandió por todo el país, debido a  la tolerancia y aceptación de muchos sectores de la sociedad, al paso  percibían, directa e indirectamente algún beneficio del negocio ilícito.

1.Narcoparapolítica

El cultivo inicial fue el de marihuana, que comenzó a producirse en 1967 en la Costa Atlántica. Luego, vino el cultivo y procesamiento de la hoja de coca, no sólo en esa región  sino en muchos lugares de nuestra geografía. Ocho años más tarde, en los setenta,  Colombia ya era mundialmente  conocida como exportadora de droga. En 1975 se hablaba del millonario negocio clandestino, y se indicaba que por diversos motivos de índole geográfico y legal, nuestro país se había convertido en el último año y medio en un centro estratégico del comercio legal de la droga. Y en 1976 la revista norteamericana  New York Time publicó una crónica de doce páginas en la que aseguraba que comparadas con las mafias colombianas, la mafia siciliana  era un simple "gatito juguetón". El autor de  la crónica, Albert Golgman, profesor de la Universidad de Columbia, señalaba que en Colombia se podía ver la corrupción monumental de Chicago de los años veinte. Según el cronista, ciudades enteras eran presa de barones criminales que estaban coaligados con alcaldes, policías y congresistas corrompidos, donde la mafia acribillaba en masa a sus enemigos al estilo Al Capone[26].

En 1981 esa alianza político-mafiosa organizó los grupos paramilitares para asesinar disidentes del régimen. Desde los años 50 del siglo XX existen paramilitares en Colombia, a la manera como estos grupos armados han tenido presencia en muchos países de América Latina, pero la versión actual tuvo su origen en el seno del narcotráfico, pues fue en las entrañas de ese negocio ilícito donde se gestó, nació y dio los primeros pasos en su trayectoria criminal. Y algo más: sus finanzas giran en torno al narcotráfico. Acaparar tierras usurpadas a los campesinos, proteger cultivos y comercializar droga son sus principales actividades. En efecto, las primeras bandas paramilitares las organizó el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, y el cartel de Medellín creó el aparato armado Muerte a Secuestradores (Mas) en 1981, con el fin de perseguir guerrilleros y familiares de éstos.

Efectivamente, el 3 de diciembre de 1981, un helicóptero lanzó miles de volantes sobre la ciudad de Cali, anunciando públicamente la creación del Mas. En ese comunicado se advertía que 223 jefes de la mafia se habían unido y habían aportado dinero para crear un escuadrón de 2.230 hombres, cuya misión sería ejecutar sin fórmula de juicio a cualquier persona comprometida en algún secuestro[27]. Poco tiempo después, en conversación con un líder guerrillero, Pablo Escobar dijo: "Yo sí fundé el Mas. Yo fui su jefe, pero resuelto el problema de los secuestros que usted sabe, desapareció el Mas. Lo que sucede es que hoy la sigla la siguen usando los que defienden la ley para hacer su trabajo sucio"[28]. Entre 1982 y 1989, una serie de poderes y circunstancias convirtió a Puerto Boyacá en capital del Paramilitarismo en Colombia, y pronto el nombre de Mas fue cambiado por el de Autodefensas. Luego, la empresa denominada Asociación Campesina de Agricultores y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), con personería jurídica, canalizó ‘legalmente' los proyectos militares, financieros, educativos, sanitarios, de infraestructura y vías, mediante los cuales los paramilitares buscaban conquistar y ganar toda la población[29].

El propósito de la creación de los grupos paramilitares fue desde el principio defender los intereses particulares de terratenientes, esmeralderos y narcotraficantes. "Podría decirse que el paramilitarismo nace principalmente de la codicia o de la desesperación. De la codicia, cuando la guerrilla entra a disputar la riqueza de industrias protegidas por ejércitos privados (narcotráfico, esmeralderos); de la desesperación, cuando los propietarios de la zona no encuentran otro modo de enfrentar a la guerrilla o cuando el militar concluye que dentro de la ley no es posible derrotar a la insurgencia"[30]. "Hay que entender que las autodefensas son una confederación en la que hay diversos grupos con intereses propios"[31], le dijo Miguel Arroyave a Semana, 10 días antes de ser asesinado.

Logrado el dominio de la Costa Atlántica, el narcotráfico penetró en otras zonas del país -como ya se dijo- hasta  apoderarse de zonas estratégicas de nuestro territorio, al tiempo que extendía sus tentáculos a todos los sectores de la sociedad con la aceptación expresa o tácita de esos  mismos sectores, y en consecuencia, con la participación de sus abundantes utilidades. Esta fue una realidad que muchos callaron, pero que alcalde de Medellín de la época, Juan Gómez Martínez, puso de presente y desafío a los altos círculos económicos y sociales que estuviesen libres de culpa a tirar la primera piedra.

En  el tratamiento a este problema -dijo Gómez Martínez- todos nos equivocamos y mucha gente honesta se apresuró a hacer negocios legales con narcotraficantes para obtener mayores utilidades. En todo caso, si de lo que se trata es de tirar la primera piedra, nos llenarían el país de piedras. Los negocios del narcotráfico no han sido destapados, pues terminaría cayendo todo el mundo. Hasta ahora se han hecho escándalos a medias, pero sin tocar el  interés de fondo. Si es guerra que sea total y que se destape todo[32].

Hay muchas coincidencias que hacen inocultable el fino maridaje que ha existido entre los organismos del Estado, los mercenarios pagos o protegidos por el gobierno, y los paramilitares. Carlos Castaño dice en Mi confesión que cuando cumplió 18 años, en 1983, estuvo estudiando en Israel; que el curso de manejo de armamento y psicología de operaciones duró un año, distribuido en tres meses de instrucción y uno de descanso, el cual aprovechaba para venir a Colombia. Respecto de sus vínculos con militares colombianos en Israel, Castaño dice: "Tuve la oportunidad de conocer militares de nuestro país, los hombres del batallón Colombia, en el desierto del Sinaí. No conocí el batallón, pero en mis días de descanso nos encontrábamos en sitios que usualmente frecuentaban; compartía con amigos oficiales y sargentos"[33]. Por su parte, el general Rito Alejo del Río le dijo a la Fiscalía en versión libre: "En 1983 llegué al país procedente del batallón Colombia destacado en el Sinaí, donde me desempeñé como oficial de operaciones en la fuerza Multinacional de Paz, era Mayor"[34]. Después de estas dos confesiones, es pertinente preguntar: ¿Cómo hacía Castaño para entrar y salir del país sin la protección de las autoridades? ¿Se encontró Castaño con el general Del Río en Israel? ¿Qué planearon Castaño y sus amigos oficiales y sargentos?

El general Jaime Alberto Uscátegui, ex comandante de la Brigada 7, con sede en Villavicencio, fue llamado a juicio el 10 de marzo de 2003 por la unidad nacional de Fiscalías de Derechos Humanos como presunto autor por omisión de la masacre de Mapiripán, en la cual fueron asesinados y descuartizados 49 pobladores entre el 15 y el 20 de julio de 1997. En el marco de su juicio, Uscátegui dijo: "La esposa del sargento Carlos Gamarra fue a la Fiscalía y dijo que en el computador de él había cosas raras. El sargento Gamarra trabajaba en inteligencia en el batallón París [...]. La Fiscalía envió el computador a la embajada americana, a esta señora Anne Patterson, quien envió el computador a Miami [...]. Allá descifraron absolutamente todo y sacó 300 documentos. Esos documentos no pueden salir porque son una bomba"[35].

Mercenarios israelíes, ingleses y australianos les impartieron instrucciones a los paramilitares al finalizar la década de los 80 del siglo pasado. Los testimonios del mayor Óscar Echandía Sánchez y del capitán Luis Antonio Meneses Báez confirman las imágenes que muchos colombianos vimos en la televisión: las instrucciones de los mercenarios a escuadrones de paramilitares. Según Echandía, fue el capitán Luis Meneses quien contactó en Panamá al mercenario israelí Teddy Melnick y, a través de éste, a Yair Klein y Abraham Tzedaka, pero antes Acdegam ya había hecho contactos con mercenarios británicos por intermedio del capitán Luis Guillermo Tarazona. Echandía dice que en marzo de 1989 asistió a un curso con Klein en Puerto Boyacá, cuyo costo fue cancelado por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, Henry Pérez y Ramiro Guzmán. El mismo testigo dice: "Siempre que personas extranjeras visitaban a Puerto Boyacá, especialmente mercenarios, éstos llegaban escoltados por agentes del F2 o personal civil del Ejército"[36].

El coronel Klein, quien también prestó sus servicios mercenarios en países del África, fue detenido y procesado en Sierra Leona. Una vez que recobró la libertad, regresó a Israel y concedió declaraciones a Maariv, diario de ese país y medio en el cual expresó, entre otras cosas: "Puedo decirle una cosa que hasta hoy no he dicho: estuve en Colombia por invitación de los americanos y punto. Todo lo que Estados Unidos no puede hacer, porque le es prohibido intervenir en asuntos de gobiernos extranjeros, lo hace, por supuesto que sí, pero por medio de otros. Obré con licencia y permiso en Colombia"[37]. Klein y sus otros dos compañeros fueron condenados por el Tribunal Superior de Manizales, y desde la cárcel, en marzo de 2002, le contó a Semana lo relacionado con los cursos a paramilitares: "El Ejército y la Policía estaban informados de lo que estábamos realizando y el lugar estaba rodeado de bases militares. Durante los fines de semana los alumnos jugaban fútbol con los soldados. Desde una de esas bases llegó una vez una solicitud de ayuda de uno de los cursos a fin de contener un ataque de la guerrilla. Yo no sentí que hacía nada contra la ley"[38].

Con tales antecedentes y relaciones, los grupos paramilitares de hoy, durante los años 80 del siglo XX operaron de manera clandestina, ejecutando las operaciones sucias de la guerra -como si alguna fuera limpia-. En los 90, sus acciones fueron abiertas, convirtiéndose aquellos grupos en un verdadero ejército paraestatal, no propiamente realizando operaciones contrainsurgentes, no propiamente contra frentes guerrilleros en combate sino, lista en mano, cometiendo masacres en amplios sectores de la población civil, pero con la aclaración de que su propósito no era confrontar al Estado sino complementarlo y ayudarlo. "El Estado Mayor de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), en representación de sus 20 frentes que operan en Colombia, reitera que no pretenden enfrentar al Estado ni a sus instituciones [...]. No prendemos reemplazar al Estado en sus funciones, sino complementar su acción en aquellos sitios y circunstancias en las cuales su presencia es insuficiente o inexistente"[39].

2. Hacia el poder estratégico

La coalición  político-mafiosa y paramilitar, ya había alcanzado el poder económico  y parte del poder político local. Ahora iban por el premio mayor a cualquier precio: el poder político nacional. Siguiendo la trayectoria de los grupos paramilitares en Colombia se hallan las raíces de un propósito político de largo alcance: crear en nuestro país un nuevo partido nazi[40]. En 1989, las bandas paramilitares crearon el partido político denominado Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y pidieron su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Pero el entonces director del Das, general Miguel Maza Márquez, intervino ante el Ministro de Gobierno y frustró los objetivos que ahora se hacen más visibles. "Acceder a la petición de Morena -dice Maza Márquez-, para que tenga reconocimiento legal como partido implicaría negar los preceptos constitucionales y desconocer que la democracia admite que se habilite el crimen"[41]. Como por aquella época estaban en pleno furor las masacres de exterminio político (entre 1982 y 1990 se ejecutaron 57, con más de 500 víctimas), Maza Márquez agrega en su documento: "Las ramificaciones de la funesta alianza narcotráfico-justicia privada que permanecen ocultas por la cobertura que les ofrece Acdegam, se han extendido amenazantes por todo el territorio nacional, negándoles a las demás corrientes de opinión su derecho a participar en el libre juego de las ideas"[42].

Diez años más tarde del intento de obtener la personería jurídica de Morena, los grupos paramilitares retomaron la idea de crear un nuevo partido nazi. Así se desprende de un documento rescatado por la Unidad Investigativa de Comunicación Alternativa Internacional, en el que además de lo puramente político se señalan los torticeros mecanismos para eliminar a los disidentes del establecimiento sin enfrentar a la guerrilla. Con relación al partido, el documento señala: "Crear un nuevo Partido o Movimiento Social Nacionalista, que rescate la unidad indisoluble de la patria, la tradición y la familia y la unidad continental de las Américas, valores todos hoy amenazados". Unos párrafos más adelante, agrega: "Lo importante en forma inmediata es la presencia, la fuerza amplia y la presión para el reconocimiento político [...], podría darnos la razón y la iniciativa para sentarnos a la mesa todos, protagonizar la nueva alternativa política, pero ésta sólo debe entenderse como la necesaria táctica de disuasión"[43].

En relación con la eliminación de campesinos, periodistas, intelectuales y políticos disidentes, el mismo documento instruye a los grupos paramilitares, así: "Insistimos en que nuestra misión no es el enfrentamiento con la guerrilla: sería además mortal. Pero hay que barrer con su apoyo, sus redes, sus alcahuetes, sus políticos, todos los que la justifiquen". En otro párrafo enseña parte de lo que Colombia ha conocido durante los últimos ocho  años. "La presión sostenida -dice el documento-, por brutal que parezca, debe encaminarse a crear opinión favorable por el reconocimiento, y este trabajo lo realizan con eficacia los grandes políticos y los grandes medios proclives que sean capaces de influenciar nuestros asesores. Esto casi siempre define una guerra: las armas y la financiación están aseguradas, cada vez ofrecen más".

El salto político, para cumplir con parte de los objetivos formulados en el documento, lo dieron los paramilitares en el año 2002. En esa elección de legisladores (marzo de 2002), las masas campesinas y desempleadas concurrieron a las urnas bajo la presión de la publicidad, los medios de comunicación, y los terratenientes y narcotraficantes (léase paramilitares), quienes, según su vocero, Salvatore Mancuso, eligieron el 35 por ciento de los miembros del Congreso. ¿Ayudaron esos mismos terratenientes y narcotraficantes, que pusieron tan alto porcentaje de congresistas, en la elección de Álvaro Uribe como Presidente de Colombia? Nadie se atreve a responder esta pregunta. El presidente Uribe ni lo desmiente ni lo confirma. Sin embargo, todo lo sucedido durante los últimos ocho años parece confirmarlo.

3. Una década perdida

En la vida de los pueblos y de las sociedades, hay tiempos que avanzan, tiempos que se detienen y tiempos que retroceden. La última década del Bicentenario y la primera del siglo XXI, se perdió en el devenir de nuestro pueblo, porque el gobierno desempeñado entre 2002 y 2010 fue el más simulador, perverso y corrupto de toda la historia de Colombia.

Difícilmente en algún país de la tierra confluyen en  el alma de un mismo gobernante tantos odios, vicios, intereses, venganzas y pasiones, como se acumulan con creces en la persona que ejerció el poder durante estos ocho años. Dos cuatrienios que hacen parte de una década perdida para Colombia. Rectificamos: no es que el tiempo se haya detenido. Más aún: en principios éticos, morales, de honestidad y de involución política   la sociedad colombiana retrocedió más de media centuria. El pueblo lo denuncia con sus propias palabras: yidispolítica; parapolítica; chuzadas telefónicas a la Corte Suprema de Justicia, a los partidos de oposición y a los periodistas críticos; invasión y bombardeo a un país vecino; zonas francas paras sus hijos; falsos positivos y agro ingreso seguro. Podríamos concluir con las palabras de Mauricio García Villegas, o con las de cualquier otro analista: "No tengo que hacer  el repaso de todos los escándalos que han pasado en este gobierno para mostrar que la malicia en el uso del derecho ha sido algo recurrente [...]. Ese es su arte: alcanzar todos los objetivos posibles, los legales y los ilegales, en una sola jugada"[44].

La última década del Bicentenario fue para Colombia, una década perdida en muchos temas y valores tangibles e intangibles. En primer lugar, en materia de paz y convivencia. Como todas las apuestas del establecimiento y de sus voceros fueron por la guerra, como consecuencia de ésta, además de la paz y la convivencia, Colombia perdió otros valores tangibles: todos los recursos económicos del mundo -aun sin cuantificar-, empleo, investigación científica, calidad de la educación, cobertura y calidad de la salud, seguridad alimentaria, integración latinoamericana, etc.

Efectivamente, desde el mes de mayo de 1998, el candidato presidencial que luego resultó vencedor en la segunda vuelta, Andrés Pastrana, prometió negociar las diferencias sociales, políticas y económicas y firmar la paz con el movimiento guerrillero más antiguo y consolidado de nuestro país: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo -Frarc-Ep-. Hay que decirlo sin ambages: Pastrana fue audaz y se jugó a fondo, en los días previos a la elección y una vez obtuvo el favor del pueblo. Por eso, el día que se escriba la Historia de Colombia sin el apasionamiento de la venganza y sin el odio por el otro, entonces sus páginas reconocerán que hasta 1998, ningún Presidente  hizo tanto por acabar con el conflicto armado de esta Nación.

Sin embargo, aunque Pastrana ordenó el despeje de cinco municipios, es claro que en San Vicente del Caguán no hubo negociación de las diferencias políticas y sociales del conflicto armado. Tan sólo hubo negociación para acordar la liberación de 360 militares y policías retenidos por las Farc en operaciones de guerra, y de una docena de guerrilleros que se hallaban privados de la libertad y en malas condiciones de salud. Lo demás fue muñequeo político-militar entre las dos partes, a la mejor manera que ha muñequeado la humanidad en los asuntos de la guerra y de paz desde que el mundo es mundo.

En cambio, en todo el proceso hubo exceso de ingenuidad: de Pastrana, del establecimiento y de las Farc. Pastrana fue ingenuo al pensar que con un reloj de campaña, con un abrazo a Manuel Marulanda, con unas fotos, con la supuesta afinidad o empatía  -"química" dicen los entendidos en relaciones interpersonales-  y con un día en sus propios campamentos era suficiente para acabar con el conflicto. El más ingenuo fue el sistema que rige los destinos de Colombia desde su independencia, al confiar en que Pastrana lograría el milagro. Por eso lo apoyó. Iluso fue el régimen al creer que un ejército insurgente de cuarenta años de lucha, sin una baja ni una captura en  la cúpula de su estructura  hasta ese momento  (1998-2002), fuera a entregar las armas a cambio de nada. Ingenuas también fueron las Farc al pensar que el establecimiento sí tenía el propósito de negociar la agenda que ellas proponían; ilusas si creyeron que el régimen iba tolerar el muñequeo de guerra, que ese ejército irregular jamás dejó de ejercer.

Quien lideró el establecimiento para combatir a Pastrana por lo que estaba haciendo por la paz, fue Álvaro Uribe Vélez, entonces candidato presidencial. Así que, desde cuando Pastrana inició los diálogos con las Farc, Uribe, siempre habló de su "tristeza" por cuanto el Gobierno no les dio el mismo tratamiento a los paramilitares que le daba a la guerrilla. Y fue tan efectiva la vocería de Uribe para atacar a nombre de los sectores más inhumanos y reaccionarios del régimen, el proceso de paz Pastrana-Farc, que el Presidente se vio precisado a romper las conversaciones que sostenía con la guerrilla, el 20 de febrero de 2002.

La misma cantaleta de "tristeza", catapultó a Uribe de tal manera, que fue elegido presidente de la República y en esa condición acentuó el propósito de identificar el movimiento guerrillero con las Auc. La reiteración y la fuerza dialéctica de su discurso fue de tal magnitud, que ya no sólo la gente del común entró en extrema confusión, y dio por sentado que son lo mismo unos y otros, sino la  cúpula del establecimiento: congresistas,  ex presidentes, fiscales,  directivos de los gremios y muchos intelectuales y periodistas.

¿Dónde está la pérdida  intangible de esta década?  En una serie de valores, de principios, de conductas, de comportamientos y lenguajes que hacen que la sociedad colombiana no sólo no haya avanzado sino que haya retrocedido en su cultura política medio siglo o quizá más. El secreto de ese cambio de cultura y de mentalidad está en el lenguaje y como parte de éste, en la ley.

¿Qué es la ley? En su sentido más amplio, la ley es una hipótesis, en la medida que ésta se formula como un enunciado general no como una declaración sobre hechos particulares. Mirada desde el punto de vista jurídico, la ley es una norma codificada, expedida por la autoridad legislativa (congreso, parlamento, asamblea general), para un ámbito determinado de aplicación, que sirve para regular de manera obligatoria y hacia el futuro las situaciones conflictivas de la sociedad[45].

La perversión que hizo de la última década del Bicentenario del 20 de julio de 1810 y la primera del siglo XXI, una década perdida para Colombia, está en el desprecio, la tergiversación y el cambio de valores del mundo occidental y más exactamente de los principios de la denominada "democracia liberal". La ruptura de uno de esos principios demo-liberales es el relacionado con el concepto de la ley, como una "declaración hipotética de carácter general, impersonal y abstracta" para aplicarla a hechos futuros. De esa definición de la ley, al finalizar la primera década del siglo XXI en Colombia, no quedó sino la palabra "declaración". Las palabras hipotético, general, impersonal y abstracto desaparecieron como por encanto.

En  última década del Bicentenario la ley se hizo para blanquear crímenes del pasado, para reorientar hechos individuales, presentes y concretos de unas personas determinadas. Y en el peor de los casos, en el extremo cínico de los hechos, para favorecer el proyecto personal del presidente Uribe. En su proyecto personal, Uribe acomodó los instrumentos legales a su medida, y en este reto trabajó con la paciencia y la maestría del relojero manual. El Presidente hizo de la ley, el mejor instrumento para aferrarse al poder, consolidar sus palancas, someter a un pueblo y cometer todos los atropellos posibles. También hizo de la ley la mayor fuente de corrupción, el instrumento que lavó los más atroces crímenes y encubrió las más grandes defraudaciones al Estado: legalizar las fortunas provenientes del narcotráfico y la usurpación de tierras a los campesinos, establecer zonas francas para los hijos del presidente Uribe y la ley de Agro Ingreso Seguros, como ya se dijo.

La población informada sabe  que en la Fiscalía Once Delegada ante la Corte Suprema de Justicia cursa una  investigación contra funcionarios del alto gobierno por distintas acciones adelantadas desde la Dirección General del Das, con la anuencia de la Casa de Nariño. Los  nombres de algunas de esas operaciones dirigidas por el Das son: Amazonas, Transmilenio, Bahía, Imprenta, Hallowen, Arauca, Intercambio, Internet, etc. Todas y cada una de estas operaciones tenían unos destinatarios o víctimas: los dirigentes de los partidos políticos  opositores al gobierno, magistrados de las cortes, periodistas, etc. Igualmente, cada una de esas operaciones tenía unos objetivos, unas estrategias, unas acciones y unas proyecciones. Así por ejemplo, entre las estrategias se lee: "Impedir la publicación de libros. Concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista".  Entre las estrategias se encuentran: "Sabotaje,  presión y desprestigio".  Entre las acciones están: "Servicios públicos, camiones de distribución, amenazas, guerra jurídica". Entre las proyecciones, el documento de la Dirección General del Das, señala: "Creación de 4 mil direcciones de Internet y páginas web"[46].

Uno solo de estos hechos monstruosos, en cualquier sociedad políticamente organizada y sólida,  sería razón suficiente para llevar al jefe de Estado ante un tribunal nacional para que lo procesara y lo destituyera. Y de no haber tribunales nacionales que lo hicieran, entonces sería necesario que el proceso lo adelantara un organismo internacional[47].

La simulación del presidente Uribe fue de tal magnitud y sutileza a la vez,  que logró tramar hasta las inteligencias más lúcidas, haciendo de la política una pirámide al engaño y a la falsedad. "En nuestra vida política decir la verdad parece menos rentable que decir mentiras con apariencia de verdad [...]. No recuerdo una campaña por la Presidencia que haya exhibido lo más repugnante de la política. Y esto sucede porque venimos saliendo de ocho apasionados años de engaños, embustes y crímenes tapados"[48]. "El clientelismo asociado con el narcotráfico o los paramilitares, produjo niveles de corrupción que se han hecho insoportables"[49].

Según el Drae, la segunda acepción del verbo tramar dice: "Disponer o preparar con astucia o dolo un enredo, engaño o traición". De acuerdo con la misma obra, la tercera acepción, señala: "Disponer con habilidad la ejecución de cualquier cosa complicada o difícil". Si el jefe de Estado ha tramado a los más lúcidos ¡cuántos estragos causará en el imaginario del común! El editorialista principal del diario El Tiempo escribió el domingo 14 de diciembre de 2008: "Pensamos que ha llegado el momento en que Álvaro Uribe debe decirle de manera clara e inequívoca al país que no aspira a ser elegido por tercera vez en el 2010 [...]. De tomar esa decisión, garantizará la vitalidad de su legado por una generación más y dará una muestra de grandeza que la historia no olvidará".

Pero como faltando quince minutos para cumplirse la hora veinticuatro del día 16 de diciembre del mismo año, Uribe convocó al Congreso a sesiones extraordinarias, con el único propósito de salvar el referendo que le asegurase un tercer mandato, el mismo editorialista -o quizás otro, pero ejerciendo la misma función-, el domingo 21 de diciembre, dijo: "El acto de visión y grandeza que muchos esperábamos quedó convertido en una hábil jugada parlamentaria". Es decir, hasta ese día el presidente Uribe tenía tramado al editorialista principal del diario más influyente de Colombia. Al respecto de ese candor político cabría preguntar, ¿cómo podía pedírsele grandeza al hombre que tanto ha empequeñecido la política colombiana? La pequeñez de los gobernantes empequeñece al pueblo, a la sociedad y a las instituciones. Luis David, el pintor y constituyente de la Revolución francesa lo dijo de otra manera con relación a los franceses: "Se han convertido en cobardes, feroces y pérfidos, como su gobierno. ¡Oh verdad humillante! Tal era el francés de los tiempos pasados"[50].

En suma, la última década del Bicentenario del denominado "Grito de Independencia", y primera del siglo XXI, se podría sintetizar en las siguientes palabras: una gran crisis humanitaria, un régimen autoritario, una corrupción galopante en cúpula del poder  y un país sin sobernía. Si hubiese que explicar la brevedad de este aserto, ahí están los hechos: 4.550.000 personas desplazadas por la fuerza; aproximadamente 2.000 crímenes de Estado -"falsos positivos", llama el pueblo-; violación sistemática de los derechos humanos; interceptación telefónica a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los dirigentes políticos de oposición; Agro Ingreso Seguro; creación de una Zona Franca para los hijos del presidente Uribe, y la entrega de siete bases militares a los Estados Unidos.

¿Qué se puede hacer en medio de tanto caos? Para resolver esta pregunta, es necesario otro artículo[51].

Conclusiones:

Mirada fugazmente la historia política de Colombia en este artículo, podemos llegar a las siguientes conclusiones:

1ª.  Los doscientos años que devienen entre 1810 y 2010 se pueden dividir  en cuatro tiempos o períodos de cincuenta años cada uno, con estas denominaciones: 1810-1860: lucha de intereses de la élite criolla; 1860-1910: declaración del federalismo puro y del centralismo autoritario; 1910-1960: enfrentamiento del pueblo conservador  contra el pueblo liberal, y 1960-2010: la sociedad y el Estado mafiosos.

2ª. Durante el primer tiempo (1810-1860), las élites criollas estaban más preocupadas por defender sus intereses personales que en alcanzar y consolidar la independencia de nuestro pueblo. De ahí que se trenzaron en nueve guerras nacionales y setenta regionales, so pretexto de causas políticas, religiosas y sociales.

3ª. En el segundo tiempo (1860-1910) y como consecuencia de esas luchas intestinas, después de una prolongada guerra, el conservatismo capitula en la ciudad de Pasto, en diciembre de 1862, y el liberalismo instaura el régimen federal puro en 1863. En 1885, por la vía de las armas es derrotado en liberalismo, y el partido conservador expide, en 1886, la Constitución más centralista y autoritaria de la historia de Colombia.

4ª. Durante el tercer tiempo de estos 200 años de historia (1910-1960) las élites liberales y conervadoras se ahorran las declaraciones protocolarias de guerra, pero arrastran al campesinado colombiano a enfrentarse entre sí. Es una orgía de incendios y matanzas, en la que mueren más de 300.000 compatriotas.

5ª. El cuarto tiempo del Bicentenario (1960-2010), es el más ominoso y aciago. Durante estos últimos cincuenta años se conformó una alianza macabra entre élites políticas y mafias del narcotráfico, y  en 1981 creó las bandas paramilitares para eliminar disidentes del régimen. Esa coalición político-narco-paramilitar se fue apoderando paulatinamente de Colombia, hasta constituir un para-Estado.

6ª. En el contexto de esa alianza político-narco-paramilitar, durante la última década del Bicentenario y la primera del siglo XXI, sobresalen los siguientes hechos: 4.550.000 personas desplazadas por la fuerza; aproximadamente 2.000 crímenes de Estado -"falsos positivos", llama el pueblo-; violación sistemática de los derechos humanos; interceptación telefónica a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los dirigentes políticos de oposición; un subsidio para los más poderosos, bajo la denominación de Agro Ingreso Seguro; creación de una Zona Franca para los hijos del presidente Uribe, y la entrega de siete bases militares a los Estados Unidos. En suma, concluye este tiempo con una década perdida en la historia política de Colombia.

Bibliografía

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[1] BALLEN,  Rafael. Ilegitimidad del Estado. Reforma radical o  revolución de la diversidad, 2ª. ed. Bogotá,  Temis, pp. 214-16.

[2]DE SAUVIGNY, G. de Bertier. Historia de Francia. Madrid, Rialp, 1986, pp. 300-316. También: SANGUINETTI, Horacio. Robespierre. La razón del pueblo. Buenos Aires, Universitaria, 2003, pp. 9-59.

[3] Voz "España", en Enciclopedia universal ilustrada. Madrid, Espasa-Calpe, 1923.

[4] Pombo, Manuel Antonio  y  Guerra, José Joaquín. Constituciones de Colombia. Estudio prelimirar y anexo por Carlos Restrepo Piedrahita. Bogotá, Banco Popular,  4ª. ed.,  1986, t. i,  pp. 232 y ss.

[5] Pombo, Manuel Antonio y Guerra, José Joaquín. Ob. cit., pp.

[6] Ibíd.

[7] Ibíd.

[8] PLATÓN. República, 332c.

[9] POMBO,  Manuel Antonio y GUERRA, José Joaquín. Ob. cit., pp. 241-263.

[10] Ibíd., p. 271.

[11] Ibíd., p.  273.

[12]POMBO, Manuel Antonio y GUERRA,  José Joaquín.  Ob. cit. Pp. 421-427.

[13] TORRES GIRALDO,  Ignacio. Los incon formes. Bogotá, Editorial Latina, 1978, t. II, pp. 232 y 233.

[14] SARMIENTO, Alfredo. "La inversión en la juventud", en El Tiempo. Bogotá, jueves 13 de mayo de 2010, p.1-21.

[15] BALLÉN, Rafael. El Consejo de Estado Colombiano. Origen, evolución, estructura y funcionamiento. (Tesis Doctoral en proceso de publicación). Zaragoza (España), 2007.

[16] POMBO Y GUERRA. Ob. cit.., t. II, p. 365

[17] Ibíd., t. IV, p. 123.

[18] BALLEN, Rafael. Constitución Política de Colombia. Antecedentes, comentarios y jurisprudencia, 2ª. ed., Bogotá, Ibáñez, 1995, p. 13.

[19] HILLMANN, Kart-Heinz. Diccionario enciclopédico de sociología. Barcelona, Herder, 2001, p. 1009.

[20] GINER,  Salvador y otros. Diccionario de sociología. Madrid, Alianza, 1998, p. 820.

[21]BALLÉN, Rafael. Ilegitimidad del Estado. Reforma radical o revolución de la diversidad. 2ª. ed. Bogotá, Temis, 2007. La pequeña política de Uribe. 4ª. ed. Bogotá, Le Monde Diplomatique, 2006. El Consejo de Estado colombiano. Origen, evolución, estructura y funcionamiento (tesis doctoral, 2007). Inédito.

[22] BALLÉN, Rafael. El Consejo de Estado colombiano. Origen, evolución, estructura y funcionamiento. Bogotá, 2008 (tesis doctoral inédita), pp. 68-69.

[23] GUZMÁN CAMPOS, Germán; FALS BORDA, Orlando y UMAÑA LUNA, Eduardo. La violencia en Colombia, 2ª. ed. Bogotá,  2005,  t. I,  pp. 14 y 38.

[24] Guzmán Campos, Germán; Fals Borda, Orlando y Umaña Luna, Eduardo. La violencia en Colombia.  Ob. cit., pp. 37-38.

[25] Ibíd., p. 39.

[26] BALLÉN, Rafael. Constituyente y Constitución del 91. Ob. cit., pp. 82-83.

[27] Deuda con la humanidad. Ob. cit., p. 69.

[28] CASTRO C., Germán. El secreto. Bogotá, Planeta, 1996, p. 333.

[29] Deuda con la humanidad. Ob. cit., p. 107.

[30] INFORME NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO. Ob. cit., p. 59.

[31] Semana Nº 1169, Bogotá, septiembre 27-octubre 4 de 2004.

[32] El Tiempo. Bogotá, martes 19 de septiembre de 1989, p. 1A.

[33] ARANGUREN M., Mauricio. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Bogotá, Oveja Negra, 2001, pp. 107-110.

[34] Deuda con la humanidad. Ob. cit., 311.

[35] Revista Cambio. Bogotá, Nº 561, marzo 29-abril 5 de 2004.

[36] Deuda con la humanidad. Ob. cit., 475.

[37] Ibíd., p. 476.

[38] Ibíd.

[39] El Tiempo. Bogotá, enero 21 de 1997, p. 7A (carta dirigida al Defensor del Pueblo).

[40] Nazi: abreviatura del Nacional-Sozialist, el partido de Hitler.

[41] BALLÉN, Rafael. Constituyente y Constitución del 91. Ob. cit., p. 86.

[42] Íd.

[43] WICH, Paul; CARTER, Anthony; PAREDES, Jorge; PIQUÉ, Juan José, y GAVIRIA Z., John. "Extractos: informe de la Cia, memorias del paramilitarismo en Colombia", documento que circuló vía internet.

[44] GRACÍA VILLEGAS, Mauricio. "La picardía de Santos", en El Espectador. Bogotá, sábado 15 de mayo de 2010, p. 30.

[45] HILMANN, Kart-Heinz. Diccionario enciclopédico de sociología. Barcelona, Herder, 2001.

[46] FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Radicado 12753-11. Evicencia (sic) Caja No. 5  AZ 63-2005.  Extracto del expediente tomado el 6 y 7 de enero de 2010.

[47] SAMPER OSPINA, Daniel. "Primera alocución presidencial de Juan Manuel Santos", en Semana, núm. 1.461. Bogotá, mayo 3 a 10 de 2010., p. 114. Muchos articulistas y analistas políticos han escrito del tema: que Uribe será juzgado. Laura Gil (El Tiempo, mayo 7/2010, p.1-23) dice: "Más temprano que tarde, el presidente Uribe deberá enfrentar demandas penales [...]. Son tantos los documentos que todavía no han salido a la luz pública y tan graves los  testimonios que se están recogiendo, que una acción penal, tanto aquí como en el exterior, es previsible". Samper Ospina, recrea el asunto de una manera caricaturesca y bufonea al contemplar la extradición de Álvaro Uribe Vélez.

[48] COLLAZOS, Oscar. "Política y simulación", en El Tiempo, Bogotá, jueves 13 de mayo de 2010, 1-21.

[49] MELO,  Jorge Orlando. "Salto al vacío", en El Tiempo, Bogotá, jueves 13 de mayo de 2010, p. 1-21.

[50] BALLÉN, Rafael. El Consejo de Estado colombiano. Origen, evolución, estructura y funcionamiento. (Tesis doctoral en proceso de publicación). Zaragoza (España), Universidad de Zaragoza, septiembre 6 de 2007.

[51] BALLÉN, Rafael. La pequeña política de Uribe y sus grandes simulaciones, 5ª. ed. Bogotá, Temis, 2010. El capítulo VI de este pequeño libro, resuelve el interrogante.

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