La careta de la ley
La definición clásica de “ley” que los maestros enseñan en las escuelas de Derecho dice que es “una declaración general, impersonal y abstracta”. Pero hoy, bueno, hace ya mucho tiempo, de esa definición de la ley no queda sino la palabra “declaración”. Lo general, impersonal y abstracto desapareció. Hoy la ley no es sino una simple careta que sirve para cubrir el rostro y las manos de los grandes delincuentes. Por eso, todo aquel que deba interpretar la ley por estar investido de autoridad, como el juez o el magistrado, o el simple ciudadano, cada vez que tropieza con un conjunto de normas o cuerpo jurídico, lo primero que debe hacer es levantar esa careta y ver a qué criminales va a proteger y, hecho ese análisis, ahí sí proceder a aplicarla. No se necesita ser un iniciado en el tema para descubrir lo rentable que resulta poder hacer la ley: la reforma política que está a punto de salir es una cadena de beneficios personales para quienes la dictan, y lo que propone Luis Carlos Restrepo es la declaración de impunidad para los legisladores vinculados a la parapolítica.
Cuando los jóvenes Uribe, hoy nuevos ricos por voluntad del legislador, del ministro, del alcalde –o de todos a la vez– declaran que son “honorables” y que han “actuado con apego a la ley”, no hacen cosa distinta que seguir las lecciones de su padre: él los formó desde niños, y, los sigue educando con el ejemplo. Como abogado que es, Uribe sabe los grandes secretos de la ley. Así que, en su proyecto personal e ideológico, acomoda los instrumentos legales a su medida, y en esa dirección trabaja con la paciencia y la maestría del relojero manual. Por eso, ha dedicado sus dos cuatrienios a construir su ley y su Constitución. Unos pocos ejemplos ilustran la realidad.
Hizo reformar la Ley 418 para negociar con grupos armados que carezcan de estatus político, acomodándola a la necesidad de “negociar” con los paramilitares. Promulgó el Estatuto Antiterrorista para cercenar las libertades públicas, pero la Corte lo declaró inexequible. Tal estatuto no era para aplicárselo a los terroristas sino a los disidentes y para criminalizar la protesta social. El jefe del Estado ha intentado varias veces una reforma judicial para quitarle a esa rama del poder público –como lo han dicho magistrados y juristas– los controles que hoy tiene el gobierno y que son un principio universal de la democracia liberal. Y, finalmente, reformó la Constitución para hacerse reelegir, porque la del 91 era un “artificio jurídico” que le impedía tan “noble” empresa. Y ahora, como hace cuatro años, mueve todos los factores de poder para lograr una segunda reelección.
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