Por el fortalecimiento de la educación pública en el siglo XXI

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A partir de la segunda mitad del siglo XX se ha venido dando una especie de recriminación mutua entre la familia, la escuela, el  Estado y  la sociedad, cada vez que se presenta un hecho de sangre, un crimen, una protesta de estudiantes, un asalto de una pandilla juvenil o cualquier situación que altere el normal desenvolvimiento de la sociedad. Es una reprimenda de todos contra todos y en la que cada  sector salva su responsabilidad y les echa el agua sucia a los demás. Casi la tercera parte de la población colombiana se halla involucrada en la educación: 12 millones, entre estudiantes, profesores, padres de familia y administradores. Sin embargo, la educación en todos sus niveles no llega a todos los colombianos.

En medio de esas recriminaciones mutuas los niños y jóvenes de los estratos más bajos carecen de educación al comienzo y al final del proceso: el preescolar y la universidad. La educación preescolar no existe para los estratos bajos. Ésta sólo comienza a partir de la clase media hacia arriba. La educación superior no sólo se hace inalcanzable para los estratos uno y dos de la población, sino que se encarga de reproducir la desigualdad y hacer más profunda la brecha entre ricos y pobres.

Sin acceso a la educación superior, en la coyuntura el Estado arremete contra los jóvenes: "Con el 49 por ciento en la pobreza y el 50 sin culminar estudios secundarios, la juventud colombiana no encuentra oportunidades, sólo restricciones. Se le persigue. Se le señala. El toque de queda, establecido en Bogotá por decreto 013 de 2009, se propaga como candela. Ahora no se impone sólo en la capital: 66 municipios de Cundinamarca y 11 departamentos lo adoptan, y se prepara un proyecto de ley para volver permanente la medida transitoria", dice un estudio del investigador Libardo Sarmiento Anzola.

La etapa de la educación que en verdad permite un salto en la movilidad social y prepara al joven para la democracia es la educación superior. Ninguna forma de gobierno o sistema político necesita tanto de la educación como la democracia. La tiranía y el autoritarismo se hacen obedecer con la fuerza, con la humillación y la amenaza. Difícilmente un país alcanzará su pleno desarrollo sin educación superior para todos.

La educación superior debe ser la culminación de la adquisición de conocimientos y del cultivo de la inteligencia, como lo fue en su más remoto origen y como era el propósito de su fundador,  Platón, y de sus discípulos, así como de los creadores de otras escuelas filosóficas. El tipo de educación de las academias griegas lo estableció Cicerón  en Roma, y quienes lo sucedieron, perseveraron en el mismo criterio de libre discusión y búsqueda de la verdad, hasta cuando ocurrió el cierre por Justiniano en el año 529. Después, sólo se volverían a abrir dichas escuelas en la época del Renacimiento. Sin embargo, cuando se reabrieron las escuelas, ya la educación superior había tomado otro camino: habían nacido las universidades, no para examinar libremente la verdad sino para enseñar teología, derecho y medicina de manera dogmática.

Con esas características confesionales se crearon las primeras universidades: la de  Salerno  en el siglo X, la de Bolonia en  1150 y la de París al finalizar el siglo XII.  Las academias reabiertas en el Renacimiento en parte volvieron al viejo sistema y eso fue lo que generó la revolución intelectual y la Ilustración. Lo que se impuso luego, es lo que hoy tenemos: una universidad mediatizada y amordazada por organismos policivos.

En relación con la educación superior la Constitución Política de Colombia, tiene unas declaraciones que envidiarían las escuelas griegas y las renacentistas: "Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos [...]. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior".

A pesar de tan claras y hermosas declaraciones, ninguna de éstas se cumple. No existe autonomía y libre discusión en la Universidad. La Universidad Pública es la que lleva la peor parte, sencillamente porque allí estudian los jóvenes provenientes de estratos populares. A  esta se le amordaza, se le señala, se le discrimina, se le estigmatiza, se le excluye, y lo que es peor, se asesinan sus estudiantes. De ahí que los movimientos estudiantiles tienden a perecer. Esto ha llevado a que desaparezcan de la Universidad Pública dos de los tres componentes  de la educación superior en la Universidad del siglo XXI, definidos por la Unesco en la declaración del 9 de octubre de 1998: la investigación y extensión o proyección social.

Tampoco se cumplen los mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior, para los miembros de los estratos bajos por dos razones. En primer lugar, porque los jóvenes de escasos recursos no tienen facilidad de créditos. Y en segundo lugar, por cuanto el Estado se halla en deuda con las 33 Universidades Públicas de todo el país. Por otra parte, la deserción en la educación superior, que es del 46.4%, afecta directamente a los jóvenes de los estratos más bajos de la población.

¿Qué hacer a las puertas del bicentenario de la independencia? Sin que se entienda como un gueto contra la  educación privada, debemos organizar un gran movimiento nacional por la defensa y el fortalecimiento de la educación pública, en todo sentido: por la recuperación del liderazgo de la Universidad Pública, por la movilización de los estudiantes, por la exigencia de respeto a la autonomía universitaria, por que la Universidad esté a la vanguardia de las transformaciones de la sociedad, por que la Universidad acorte los abismos entre la extrema pobreza y la acumulación extrema de riqueza, porque la Universidad recupere el sentido público o interés general como objetivo de la educación superior, por el fortalecimiento presupuestad de la Universidad, por el pago del déficit fiscal de la universidades públicas. Y en esa movilización   deben participar todos los estamentos de la Universidad Pública: profesores, estudiantes, funcionarios administrativos, empleados operativos, padres de familia y sectores industriales a quines les interese la investigación en la Universidad Pública.