Ilegitimidad de la reelección de Uribe

No me refiero a la segunda, pero como ésta se impondrá, conviene recodar las maniobras politiqueras de la primera. En 17 de los 100 puntos del programa de la primera campaña de Uribe, el candidato se despachó  contra la politiquería. En algunos puntos el vocablo politiquería se encuentra solo y en otros el concepto va acompañado de la palabra “corrupción”. Con ese énfasis en su lucha contra la politiquería y la corrupción, Uribe construyó ante la opinión pública la pirámide de la pulcritud y de la transparencia, que caracterizarían todos los procesos de su administración. Sin embargo, cualquier colombiano que lea esos diecisiete puntos y observe  la conducta demostrada por Uribe como gobernante,  concluirá que a él se le pueden aplicar dos principios de la sabiduría popular: “cara dura” y “tras de ladrones bufones”.

             Como el propio Uribe lo reconoce, en su vida pública han existido “muchas fincas, muchos  caballos, muchos tiples y mucho aguardiente”, o como lo dice su asesor estratégico “muchas fondas camineras”. O como es la realidad: muchas plazas de ferias, muchas inauguraciones –entre éstas “Medellín sin tugurios” de Plablo Escobar–, muchos caballos y caballistas; es decir, muchos contactos, manejo de hilos, trampas y maniobras politiqueras. Todo lo anterior era lo suficientemente conocido por la opinión pública, pero Uribe insistía siempre en edificar una pirámide de transparencia y pulcritud.        

      

 

Cuando abiertamente comenzó su campaña por la primera reelección, dijo en una entrevista radial que “se aplicaría a fondo para que el poder en Colombia no regresada a unas manos blanditas”. Cualquiera pensaría que iba a sacar de su haber intelectual toda la artillería dialéctica, primero para convencer a los congresistas que reformaran la Constitución y luego a los colombianos para que lo volvieran a elegir. Pero como el país conoce ampliamente, no fue con argumentos dialécticos como convenció a los congresistas sino comprando sus conciencias a base de auxilios, de puestos y de otras dádivas. Dos representantes a la Cámara personifican ese monumento a la politiquería y a la corrupción: Yidsi Medina y Teodolindo Avendaño. La filigrana politiquera se conoció cuatro años después, y  hace de la reelección de Uribe un acto ilegítimo, porque ilegítima fue la reforma constitucional que la permitió. 

 

 

            ¿Cómo ocurrió todo? Lo sabe la opinión pública medianamente informada: Yidis el 2 de junio de 2004 cambió su voto en la Comisión I de la Cámara, atraída por los puestos burocráticos, auxilios y otras prebendas que le ofreció el Gobierno. Como es de público conocimiento la Corte Suprema condenó a Yidis, en mayo de 2008 por el delito de cohecho. La Sala de Decisión Penal de esa corporación llegó a la certeza de que “las dádivas, halagos y promesas  burocráticas captadas por la congresista fueron determinantes” para que votara a favor de la reelección. Y después de otras consideraciones, el alto tribunal concluyó, así: “La aprobación de la reforma constitucional fue expresión de una clara desviación de poder en la medida en que el apoyo  de una congresista  a la iniciativa de enmienda constitucional se obtuvo a partir de acciones delictivas”.  

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