Responsabilidad política

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Con motivo de las matanzas de muchas personas inocentes ocurridas en los últimos años, la gente se pregunta ¿de quién es la responsabilidad política? Y en la pobreza de  debate político en que vive Colombia, ese par de palabras no pasa de ser un eslogan, igual a otro que se halla en boca de todo el mundo: “voluntad política”. Así que, cuando a alguien se le pregunta qué es lo uno y qué es  lo otro, nadie es capaz de componer una frase de diez palabras con ninguno de los dos. Tampoco los grandes diccionarios jurídicos, políticos o filosóficos traen el significado de estos conceptos. Es como si esas obras presumieran  que el primero es simple responsabilidad y el segundo mera voluntad. En todo caso, para definir el concepto “responsabilidad política” es necesario tener en cuenta, al menos, sus dos componentes.             

            El concepto más elemental de política dice que “es el arte de gobernar los pueblos”.  En el Político  Platón señala, que “la actividad política es el arte de confeccionar el más magnífico y excelso de todos los tejidos, y abrazar en él a todos los súbditos de un Estado, tanto los pobres como los ricos, gobernarlos y dirigirlos sin omitir nada que haga feliz a la sociedad”. En tanto que la responsabilidad, es la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo, o por un tercero, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. Desde el punto de vista del manejo del Estado, la responsabilidad entraña el esfuerzo de dar órdenes y el de responder a las consecuencias, que pueden representar la culpa en la frustración y la gloria en el éxito venturoso. En su ejercicio, el gobernante no puede llegar al abuso del poder, pero tampoco detenerse en la pasividad de  los pusilánimes.  

            Partiendo de esos dos componentes, “la responsabilidad política” se podría definir como la obligación que tiene todo servidor público ante el superior jerárquico que lo nombró, ante sus subalternos, ante el  pueblo que lo eligió y ante la opinión pública, de responder por acción o por omisión en el ejercicio de sus funciones, o por una determinada conducta que merezca el repudio de la sociedad, siendo ese deber o compromiso directamente proporcional a la importancia del cargo, y agotándose, según el caso, en el vértice  del poder.