Les voy a dar mucha lidia en la CPI: Uribe

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Estas fueron las palabras pronunciadas por el Presidente en el marco de la rueda de prensa del lunes 25 de agosto, en la que  pretendió justificar lo injustificable: los nexos de la Casa de Nariño  con dos voceros de la mafia narcoparamilitar. Siendo el presidente Uribe un orfebre de la simulación y la tramoya, no hay duda de que les daría mucha lidia a los magistrados y al fiscal de la Corte Penal Internacional, si fuese llevado ante ese organismo. Sin embargo, es bueno que contemplen desde ahora este tipo de proceso, tanto él como sus más cercanos colaboradores, así como todos aquellos que hoy hostigan y amenazan a la Corte Suprema para deslegitimarla en sus investigaciones de la parapolítica.

 

La idea de un tribunal internacional para juzgar a los implicados en delitos de lesa humanidad, y a quienes de alguna manera han favorecido la impunidad de los mismos, comenzó a cobrar fuerza desde hace cinco años cuando el juez español Baltasar Garzón decidió desenterrar los crímenes cometidos por los grandes bandidos del Cono Sur en los años setenta del siglo XX. El razonamiento resultaba fácil para muchos juristas y simples observadores: si en Argentina y Chile, cuyos asesinados y desaparecidos no alcanzaban las escandalosas cifras colombianas, eran procesados por un juez internacional de Derechos Humanos, ¿por qué a nuestros malvados no los podía procesar un juez similar?  Así que, los tribunales internacionales se avistaron como el último reducto de justicia, desde el primer mandato del presidente Uribe: “Han ocurrido tantos delitos y tanta impunidad que sólo nos queda la última esperanza: las decisiones que en el futuro tome el juez español Baltasar Garzón o quien lo suceda” (El Mundo, lunes 8 de diciembre de 2003). 

 

 El tema  ha rondado también en la Casa de Nariño, y se convirtió en una pesadilla para los huéspedes de Ralito. La preocupación de unos y otros fue lo que indujo a  promulgar la paradójica ley de “justicia y paz”. Ese estatuto no se expidió para hacerles justicia a las víctimas de masacres, desapariciones y destierros ni para lograr la paz, sino para proteger y asegurar, –“blindar”, en el lenguaje oficial– a los paramilitares. Seguramente ya nadie recuerde las filtraciones a los medios de comunicación en agoto  de 2004: otras conversaciones secretas entre paramilitares y otro vocero del gobierno: Luis Carlos Restrepo. Ante una pregunta airada de Mancuso, el Comisionado respondió: “Por la Corte Penal Internacional no hay problema […]. El hecho  de que el gobierno ofrezca un proyecto de ley, que contempla una pena privativa de la libertad, es importante porque bloquea la posibilidad de esa jurisdicción internacional” (Semana, núm. 1.169).     

 

         Con el correr de los años se agigantó la impunidad, y esa lucecita titilante en el imaginario de quienes sueñan que haya justicia se dilató, y hoy alumbra buena parte del paisaje judicial nacional e internacional. El Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, en carta dirigida al gobierno colombiano, el 16 de junio de este año, le pidió que le “explicara cómo se va a  asegurar el juzgamiento de los máximos jefes como responsables de crímenes de guerra, que son competencia de Corte Penal Internacional”. Pero ahora no es sólo la carta, es la visita del fiscal  Moreno, quien conversó con su homólogo colombiano, con la Corte Suprema, con Uribe y con los voceros de las víctimas. Éstos le pidieron “no quitarle los ojos de encima” al proceso político-judicial de Colombia, y que le sugiriera a la CPI abrir proceso contra algún político o militar. Aunque Moreno guardó silencio, en el pórtico de la justicia internacional pueden asomarse nombres expertos en dar “mucha lidia”, pero no inmunes a la competencia de la CPI.

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