La humanidad o el imperio

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Esa es la cuestión. El mundo ha buscado defender a todos los miembros de la especie humana, de las garras de todos los tiranos y violadores de derechos humanos que andan a sus anchas,  en todos los regímenes políticos, sembrando el miedo, el terror y la muerte. Y ha encontrado un instrumento civilizado: la Corte Penal Internacional con sede en Roma.  Estados Unidos a través del presidente Clinton inicialmente suscribió el acuerdo, pero una vez asumió el poder Bush, deshizo lo andado y rechazó formar parte este tribunal humanitario. El acuerdo que crea la CPI ha sido ratificado por 77 países y el último en hacerlo fue Colombia, el pasado 5 de agosto.

Con el repudio a la CPI,  Estados Unidos ratifica una vez más, su vocación de Imperio y de único policía del mundo. Puede juzgar a todos los hombres de la Tierra: perseguir, capturar, encadenar, procesar y ejecutar a cualquier pecador del mundo. Pero ningún estadounidense puede ser juzgado por tribunal alguno, distinto a sus propias cortes. Los 200.000 efectivos que Estados Unidos tiene estratégicamente ubicados en los cinco continentes, para desencadenar la guerra cuando sus intereses así lo determinen, gozan de licencia para torturar y matar. Jamás irán ante la CPI. Como el crimen y el pecado acobardan e infunden miedo, Estados Unidos no sólo rechaza la CPI, sino que desea tener un anillo más de seguridad para blindar a sus hombres en armas, y recurre a la amenaza: suspender cualquier ayuda, económica o militar, al país que ratifique la CPI.

Por eso, no habían transcurrido diez días de la ratificación de nuestro país a la CPI, cuando Estados Unidos por intermedio del subsecretario de Estado, Marc Grosman y de su embajadora, Anne Pattersom, los dos escoltados por el general Gary Speer, Jefe del Comando Sur, el 14 de agosto, le pidieron oficialmente al presidente Uribe firmar un acuerdo para evitar que los militares estadounidenses que se hallan en nuestro país (800 entre activos y mercenarios) sean investigados y juzgados por ese tribunal.

El presidente Uribe aún no se ha pronunciado, pero tres voceros suyos ya lo han hecho. El vicepresidente Santos y el embajador Moreno, en Washington, no han ocultado su beneplácito de obedecer las exigencias del Gobierno estadounidense sin rechistar. La canciller, Carolina Barco, con más de prudencia, señala que Colombia debería actuar conjuntamente con el resto del Continente latinoamericano y para eso propone consultar al Grupo de Río. El subsecretario de Estado, se sintió indignado y dijo que la petición formulada a Colombia, se la había hecho a todos los países del mundo, y agregó,  que  la consulta  "complicaba las cosas", y que esperaba la respuesta "lo antes posible".

La opinión pública se halla dividida. Algunos dicen que Estados Unidos está en todo su derecho: proteger a sus militares. Congresistas, intelectuales y juristas,  rechazan la petición y reclaman respeto a la soberanía y a la autodeterminación de las naciones.

Más que la soberanía, lo que está en juego es la causa de la humanidad. Es preciso reconocer  que la soberanía de los Estados no existe o se halla completamente recortada. Ese poder supremo e incondicional que debe sobresalir por encima de todas las organizaciones sociales, como elemento básico en cualquiera de las formas de autoridad, para garantizar y coordinar las libertades, no existe en el Estado contemporáneo. Ese poder que reglamenta y gobierna los demás poderes -el  municipal, el provincial, el regional, el sectorial de todos los gremios y comunidades- se echa de menos en todas las esferas de la vida política. La idea de soberanía que a través de la historia, han tenido los pueblos,  es un elemento que hace falta, de lejos, en el Estado de hoy: no aparece ni como autarquía, ni como poder absoluto de los reyes, ni como poder popular, ni como poder nacional.

Aceptada la realidad de la soberanía, ¿de cuál lado se va a poner nuestro país? ¿Está con el mundo, defendiendo la causa de la humanidad, o está con el Imperio? He ahí el dilema  que debe resolver el presidente Uribe.