¡Muy bien! ¿Y el marco legal?

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Sí, la noticia produce un gran regocijo emocional y un magno alivio para la sociedad. El año pasado 874 jóvenes del Bloque Cacique Nutivara, entregaron "sus armas" y se insertaron a la vida civil. Ahora 452 paramilitares dejan los fusiles y regresan a la sociedad, y vendrán 1.400 más. ¿Con qué herramientas jurídicas está operando el Gobierno? Pero luego de esta pregunta, surgen mil una más.

Hace exactamente año y medio, el 28 de mayo de 2002,  el presidente Uribe,  en San Andrés, hizo el primer anuncio de un proyecto de normatividad para facilitar la "negociación" con grupos armados al margen de la ley. Ese proyecto fue denominado por parte del Gobierno como "alternatividad penal", pero la opinión pública nacional e internacional lo llamó de impunidad. De esa fecha a hoy, han corrido verdaderos ríos de tinta que han empapado miles de toneladas de papel, tanto en Colombia como en todo el  mundo occidental.  Ese proyecto, que se pretendía tramitar con suma celeridad tropezó con una pared de críticas no sólo entre los familiares de las víctimas de las masacres y de los asesinatos selectivos perpetrados por los paramilitares, sino entre los propios legisladores afectos al Gobierno. El senador  Rafael Pardo, ha sido el más estudioso del tema, pero al mismo tiempo, quien más ha exigido seriedad.

El proyecto fue tan impopular que el Gobierno tuvo que bajar la guardia en la presión y abandonar esa iniciativa, cambiarle de nombre y volver a hacerle ambiente en el Congreso y en la opinión pública. El nuevo proyecto, tiene un nombre que se ajusta más a la nomenclatura universal: verdad, justicia y reparación. De acuerdo con lo que conoce la opinión pública, en ese proyecto de 75 artículos han trabajado con mucho entusiasmo el senador Rafael Pardo y los representantes Wilson Borja, Luis Fernando  Velasco y Gina Parody. La normatividad proyectada exige a los implicados una alta dosis de verdad y reparación  por los daños ocasionados con las acciones criminales de los paramilitares,  penas entre 5 y 10 años, pero no es del agrado del Gobierno.

El jueves 25 de noviembre, en el marco de la desmovilización de Bloque Bananero, todos los medios de comunicación se volcaron sobre el señor Salvatore Mancuso, con toda suerte preguntas, hasta el punto de que el jefe paramilitar se sintió acosado, y hubo momentos en que le dijo a los  periodistas: "Me da pena, pero no puedo responder más preguntas porque tengo muchas cosas que hacer". Sin embargo, cuando le preguntaron qué opinaba de la anuencia de la Corte Suprema de Justicia para su extradición, en principio contestó, que "la última decisión la tenía el señor Presidente". Pero luego, con mayor seguridad, dijo: "Yo me someto a la ley que expida el Congreso". Ambas respuestas son de un hombre manso y civilizado que acata el ordenamiento jurídico. Pero ¿dónde está ese ordenamiento jurídico? ¿Cuándo será expedido? ¿Qué contendrá?

El Gobierno cuenta con dos instrumentos de su cosecha. La suspensión de la vigencia del Estatuto de Roma que impide el juzgamiento, durante siete años por parte de la Corte Penal Internacional, por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y la modificación de la ley 418 de 1997, que prescindió del estatus político de los movimientos armados para poder negociar con el Estado. Si se tiene en cuenta que ni el Bloque Cacique Nutibara, ni las desmovilizaciones de ahora, necesitaron  ninguna norma especial, hay la sensación de que el Gobierno quisiera decir: "Tranquilos que aquí no ha pasado nada. Muchachos, entreguen sus fusiles, tomen esta platica, váyanse para sus casas, estudien, trabajen, y listos". Todo eso está muy bien, pero ¿de los crímenes qué? Lo que ha sucedido en Colombia con estos grupos, es  demasiado grave y doloroso. ¡Cuidado con la facilidad extrema!