La paramilitarización de Colombia

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Es el título de un informe especial de cuatro páginas y el tema del editorial de El Tiempo del domingo 26 de septiembre. El Espectador, en la misma fecha titula a seis columnas en su primera página: La ‘chequera' pública de los paramilitares. Y a continuación dedica tres páginas más, al mismo tema. Las revistas Semana (1.169) y Cambio (587) -septiembre 27 a octubre 4-, consagran los artículos centrales al paramilitarismo. ¿Todos estos medios se pusieron de acuerdo o fue simple coincidencia? ¿Qué los llevó a destapar la olla de manera extensa y profunda? ¿Interpretan la sociedad, porque a ésta se le llenó la copa? ¿Los tocó el  asesinato de Arroyabe  o el robo al dinero de la salud de los pobres?

Ya es demasiado tarde para el llanto y el crujir de dientes,  sobre todo para El Tiempo, que entre sus columnistas tiene uno que escribe que "en manos de Mancuso está la historia de Colombia" (04-07-04). Tardía es la hora en que descubren el verdadero propósito de suspender por siete años la vigencia de las decisiones de la CPI. Siempre fue demasiado tarde: un día después de que los narcotraficantes crearan el escuadrón denominado Muerte a Secuestradores (MAS), en 1982, nacimiento real de los paramilitares de hoy. Fue demasiado tarde, porque el Estado no sólo guardó silencio en ese momento, sino que a poco andar los armó y los asesoró, de acuerdo con la propia manifestación de los líderes protegidos en Santa Fe de Ralito.

¿Es verdad que el país se parmilitarizó? El ministro de Defensa con una expresión de asombro, dice que "no hay tal fenómeno". Y agrega: "No con mayúsculas. Que nadie crea  que esto empezó el 7 de agosto de 2002. Lo que está ocurriendo  es que ya empezó a  salir a la superficie lo que ha venido sucediendo por años". El ministro Uribe tiene razón: el asunto no es de ahora. Desde el mismo momento en que comenzaron a realizar masacres y asesinatos selectivos, los defensores de derechos humanos y los dirigentes de la Unión Patriótica comenzaron a denunciarlos públicamente. En 1987, el entonces ministro de gobierno, César Gaviria, en un debate en el Congreso dijo que existían más de cien bandas paramilitares, y en octubre del año siguiente el mismo funcionario informó que las autoridades habían desmantelado 17 grupos pero que aún quedaban más de ochenta.

A pesar de las denuncias y de la aceptación por parte del Gobierno de la época, el Estado jamás ha realizado una ofensiva contra las Auc. Que diga algún general de la República u otro vocero oficial cuándo las Fuerzas Militares organizaron un operativo contra un campamento paramilitar, a la manera que lo han hecho contra la insurgencia. Nunca. Sólo ahora -18 de septiembre-, en una rabieta postiza el presidente Uribe, en Acacías (Meta) dijo: "O los paramilitares se desmovilizan o los acabamos militarmente". Ocho días después el Ejército abatió a 21 paramilitares. Pero las bajas reales se las han propinado ellos mismos: 1.500, sólo por los enfrentamientos entre Arroyabe y Martín Llanos.

Así el Gobierno lo niegue, el país se parmilitarizó. Por la complicidad, la tolerancia, la aceptación y las redes de apoyo entre la dirigencia gremial y política, los paramilitares fueron penetrando la sociedad, o al revés: terratenientes, políticos, ganaderos,  banqueros e industriales penetraron a los narcoparamilitares en busca de respaldo militar y económico.  No es un secreto: desde hace dos años, en la consta Atlántica se habla de una parademocracia, que, como lo dice El Tiempo devino en un "para-Estado". Los paramilitares hoy están apalancados en las ramas y órganos del poder público: Congreso, Fiscalía, gobernaciones,  alcaldías, universidades, dependencias de salud. Ya es demasiado tarde, pero si la sociedad y el Estado quieren,  pueden ponerle fin al paramilitarismo: un Plancito Patriota de 10.000 soldados y algo de policía, serían suficientes.