Vendrán más condenas

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Es la esperanza de los desterrados y de los parientes de las víctimas de las masacres. Durante el mes de julio el Estado colombiano fue condenado a pagar más de 60.000 millones de pesos de pesos en dos sentencias por acciones de los paramilitares. El primer fallo (5 de julio/2004) es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la suma de 16.000 millones de pesos, en el caso de 19 comerciantes desaparecidos y asesinados por un comando paramilitar en  Puerto Boyacá, el 6 de octubre de 1987. Y el otro fallo lo dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (22 de julio) por la suma de 45.000 millones de pesos, por la masacre de La Gabarra, Norte de Santander.

Según la sentencia de la Corte Interamericana, este organismo encontró suficientemente probado que el comando paramilitar que desapareció a los 19 comerciantes tenía estrechos vínculos con miembros de la Fuerza Pública en la región del Magdalena Medio. El múltiple asesinato fue atribuido al grupo paramilitar comandado por Gonzalo Pérez Durán y sus hijos, quienes usaban como fachada para operar la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio -Adegam-. Esos comandos paramilitares fueron amparados por el  Estado mediante el decreto 3398 de 1965, que organizó la defensa nacional y que dio fundamento jurídico a la creación de grupos dotados de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. El fallo dice que "dicha autorización tuvo por efecto  el surgimiento y fortalecimiento de grupos paramilitares desde mediados de los años sesenta".

Pero la Corte Interamericana, no sólo condena a la Nación colombiana a pagar la alta suma de dinero, sino que ordena otras sanciones que seguramente habrá de enfurecer a los altos dignatarios del Estado: investigar efectivamente en un plazo razonable, los hechos con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones cometidas y divulgar los resultados de la investigación; efectuar una búsqueda seria para determinar con certeza dónde se hallan los restos de las víctimas; erigir un monumento en su memoria; realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y de desagravio en presencia de los familiares; brindar gratuitamente tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas; establecer todas las condiciones necesarias para que los familiares en el exilio puedan regresar a Colombia, y garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que rindieron declaración ante la Corte, así como a sus familiares.

El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuyos resultados los conoció la opinión pública en la última semana de agosto,  dice que el Ejército y la Policía "tenían pleno y cabal conocimiento desde el mes de mayo de 1999, que la organización que se ha autodenominado  ‘Autodefensas Unidas de Colombia' había planeado su arribo y la toma de la región del Catatumbo, y, en particular, del corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, así como la permanencia en el lugar".

Debemos entender que estos dos fallos son tan sólo el comienzo de las condenas que el Estado colombiano podrá recibir en el futuro, no simplemente porque esta jurisprudencia abre el camino, sino porque ahora los tribunales tienen material probatorio suficiente, que no solo conocen quienes dirigen los procesos, sino todos los colombianos. El país tiene como hechos públicos y notorios por lo menos estos documentos: Mi confesión de Carlos Castaño; la entrevista que concedió a El Tiempo (30.nov.2003), Diego Fernando Murillo o ‘don Berna' o ‘Adolfo Paz'; el reportaje que concedieron al mismo diario los líderes paramilitares antes de iniciarse las conversaciones en Ralito y los discursos de Mancuso y sus socios en el Congreso de la República el 28 de julio de este año.