La separación de las ramas del poder

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No hay duda de que en Colombia -en general en el mundo-  se necesita una reforma político-estatal de fondo, substancial o radical: rehacer el Estado. Y para ser más precisos, fundarlo. Es una discusión que se debe dar y un reto que se debe asumir. Desde hace dos años se viene amenazando a la sociedad colombiana con una gran reforma del sistema político normativo. Y claro, esta reforma se viene dando -casi de manera clandestina-, pero no precisamente para mejorar las condiciones de los miembros de la sociedad,  sino para desmantelar lo que se ha denominado el "Estado social de derecho", para suprimir las normas protectoras de las libertades públicas y para concentrar todos los poderes en el Ejecutivo.

La división del poder en ramas y órganos independientes unos de otros, es un principio que estuvo presente, desde las primeras reflexiones sobre la formación del Estado, con el propósito de ponerles frenos y contrapesos a sus gobernantes. Esta es una discusión bastante vieja. Comenzó con el célebre  diálogo entre los persas  Otanes,  Megabyzo y Darío a la muerte de Cambises (siglo VI a. C.), pues cada uno de los tres defendía  un sistema de gobierno distinto: Otanes se inclinaba por la democracia;  Megabyzo, por la aristocracia, y Darío, por la monarquía. En este diálogo todavía no se hablaba de un gobierno mixto, donde intervinieran el pueblo, la aristocracia y  la monarquía. Fue Platón quien, en el siglo IV a. C., se encargó de analizar cada una de estas formas de gobierno y  su degeneración en anarquía, oligarquía y  tiranía, en la  República[1] y,  de manera más didáctica, en el Político[2].

Trayectoria de la discusión

El recorrido continuó con Aristóteles  en la  Política y  Polibio  en el libro VI   de sus Historias, y llegó a  todos los pensadores de la Ilustración, siendo Montesquieu  quien, con mayor precisión, se ocupó del tema  en su obra  Del espíritu de las leyes. "Hay en cada Estado -dice Montesquieu- tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de los asuntos que dependen del derecho de gentes y el poder ejecutivo de los que dependen  del derecho civil. Por el poder legislativo, el príncipe, o el magistrado, promulga leyes para cierto tiempo o para siempre, y enmienda o deroga las existentes. Por el segundo poder, dispone de la guerra y de la paz, envía o recibe embajadores, establece la seguridad, previene las invasiones. Por el tercero, castiga los delitos o juzga las diferencias entre particulares. Llamaremos a éste poder judicial"[3].

La esencia de la división tripartita del poder, o sistema de gobierno mixto, consiste en establecer el equilibrio de fuerzas, de frenos y contrapesos, para evitar que haya desbordamientos y  se atente contra la libertad de los ciudadanos. Las inquietudes filosóficas del gobierno mixto, reelaboradas a través de más de veintitrés siglos con los aportes de todos los pensadores políticos, fueron recogidas por las dos grandes constituciones  occidentales: la de Estados Unidos de Norteamérica, de 1776, y la de  Francia, de 1791, de las cuales se derivaron todos los estatutos fundamentales de Europa y  América Latina.

Ese sistema ha llegado a su agotamiento, porque, tal como fue diseñado y puesto en funcionamiento a partir del último tercio del siglo XVIII, no se le ha introducido ninguna reforma substancial, sino que,  por el contrario, se  ha visto minado con toda suerte actuaciones que obedecen a la encarnizada lucha de intereses particulares que representan quienes ejercen las ramas del poder público. Quienes ocupan las más altas magistraturas  no ejercen el cargo para poner los frenos y contrapesos a los demás funcionarios sino para negociar más jirones y,  a veces, meras migajas de poder. Es decir, cada alto dignatario del Estado se ha convertido en un simple par de los demás y aprovecha las funciones de su cargo para ejercer presiones legales o ilícitas, conocidas por la opinión pública o encubiertas, para satisfacer sus propios intereses, mas no los intereses de la sociedad.

Es por eso por lo que ahora se necesita un amplio debate para crear herramientas jurídicas, que permitan a los grandes movimientos de la sociedad civil, como los trabajadores, las mujeres, los campesinos, los artesanos, pensionados, desplazados, consumidores, usuarios de los servicios públicos, cocaleros,  intervenir en el control de las ramas y órganos del poder público. Es indispensable ubicar las ramas y los órganos del poder público justamente en la esencia de lo que son: la división del trabajo en la cúpula de la burocracia. Es decir, no todo los altos dignatarios del Estado pueden hacer la ley, no todos pueden hacer las obras y prestar los servicios públicos, no todos pueden resolver los conflictos jurídicos. Que cada uno haga su oficio. Y frente a este trabajo estatal se necesitan unos sistemas de control cuya iniciativa se encuentre en la masa de particulares, en el pueblo, en los distintos componentes de la sociedad, a través de diferentes organismos, agrupaciones  e instancias.

En Colombia

La pasión por concentrar en una sola persona todos los poderes ha sido una constante universal, en todos los tiempos y en todos los meridianos. En los albores del Estado fue así: un impostor que hablaba a nombre de Dios dictaba la ley, él mismo la ejecutaba y él mismo aplicaba justicia. Estuvo presente en el absolutismo moderno y fue el instrumento expedito de los grandes dictadores del siglo XX. Colombia, por tener un régimen presidencialista supremamente acentuado, las ambiciones de asumir el poder absoluto, sin dejarle margen de maniobra a las demás ramas y órganos del poder, ha sido una constante histórica. Abadía Méndez, Ospina Pérez y Turbay Ayala, son arquetipos de la concentración de las funciones legislativas y judiciales en el Ejecutivo. Sin embargo, el cuatrienio que comenzó el 7 agosto de 2002 ha roto todos los antecedentes: actitudes, conductas, discursos y herramientas jurídicas, constituyen la esencia de la concentración del poder en el Ejecutivo y en el culto a la personalidad de su titular.

Por eso la revocatoria del Congreso, ha sido una amenaza constante desde la época de campaña del actual jefe de Estado. No se sabe de dónde sacaron el abogado Álvaro Uribe y sus lúcidos asesores, el soporte jurídico de una intimidación que hizo carrera durante el proceso electoral y mantuvo hipnotizada a toda la opinión pública y humillados y atemorizados a los congresistas, hasta el punto de impedirles deliberar a conciencia. En efecto, lo que quedó en la inteligencia de los colombianos, es que antes del referendo, los legisladores no actuaron por convicción ideológica sino por el temor de ser revocados por el presidente de la República. Como la amenaza se ha mantenido latente, ya es hora de que nos digamos la verdad: jurídicamente no lo puede hacer. Claro, por las vías de hecho sí se puede revocar el Congreso, como se pueden cerrar las cortes y todos los despachos judiciales y convertir sus locales en cuarteles militares o policiales. Pero esa es otra discusión. Sin embargo, los legisladores en particular, y los colombianos en general, no podemos estar tranquilos con la aparente independencia del Congreso, pues el presidente Uribe no dejará la obsesión  de imponer su voluntad: no va a ceder en presiones, halagos, amenazas, gritos y rabietas para  consolidar su régimen autoritario.

Aunque no han faltado altos dignatarios de la Rama Judicial que han servido de amplificadores del discurso oficial, amaestrar a las altas cortes, le resulta más difícil al jefe del Ejecutivo. De ahí su propósito de desmontar la Corte Constitucional. En esencia lo que se desea es gobernar sin controles. En suma, el jefe del Ejecutivo quiere gobernar sin ningún tipo de control que le estorbe su marcha triunfal. Esto en el juego, es simplemente un pasatiempo divertidísimo, pero cuando se trata de gobernar un país sin controles, es la tiranía, la dictadura pura. Y esas son las proyecciones del presidente Uribe. Sin control judicial, sin control disciplinario, sin control político, sin control de los medios de comunicación, recuérdese cómo se enfurece el jefe de Estado cuando un periodista le hace alguna pregunta espinosa, sencillamente se levanta y deja a su interlocutor botado. Sin control de las organizaciones que representan la sociedad civil. De ahí su discurso altisonante y atemorizador contra la ONG, que se atrevieron a presentar un análisis crítico de su primer año de gobierno. Sin control de los organismos internacionales y, los delegados de las Naciones Unidas, que ni hablen si no es para elogiarle su gestión o para condenar a los terroristas indeterminados. Finalmente, sin la Constitución de 1991. El presidente Uribe quiere una Constitución  hecha por él, para él y controlada por él. ¿Alguien tiene alguna duda?[4]

[1]PLATÓN. República. Libro VIII.

[2] PLATÓN. Político. 291a-295b.

[3] MONTESQUIEU. Del espíritu de las leyes. Libro XI, Cap.  VI

[4] BALLÉN, Rafael. Liberalismo hoy. Atajar la dictadura es la opción. Bogotá, Carrera 7ª., 2ª. ed., 2003.